La sentencia, que condena al acusado a 5 años más de prisión por
el robo con intimidación del taxi, considera como responsables
civiles subsidiarios a la ONG Mensajeros de la Paz y a la Ciudad
Autónoma de Ceuta, al ser los responsables del programa de
integración a través del cual llegó el acusado a Zamora.
El fallo establece una indemnización de 111.000 euros para la
familia de la educadora, de la que deberán hacerse cargo también
los responsables civiles subsidiarios, según la sentencia
notificada ayer a las partes. Por su parte, el taxista al que robó
el vehículo e intentó asesinar tras matar a la educadora recibirá
una indemnización de 25.000 euros por las lesiones y consecuencias
y de 8.725 euros por los daños en el vehículo, sin que en este caso
exista responsabilidad civil subsidiaria. La resolución de los
magistrados de la Audiencia de Zamora, contra la que cabe recurso
ante el Tribunal Supremo, se suma a otra sentencia condenatoria que
ya pesaba contra el acusado por el homicidio de un sacerdote
salmantino cometido días antes del asesinato de la educadora. Los
hechos se produjeron en la madrugada del 4 de marzo de 2003, cuando
el acusado accedió al centro de inmigrantes de Mensajeros de la Paz
de Zamora al saber que en él se encontraba como única trabajadora
la educadora asesinada.
Accedió a su habitación y, tras echarle en cara el haberle
expulsado del centro y los problemas que tenía para renovar sus
papeles de residencia en España, la amordazó y la asesinó. Para
ello, le introdujo un trozo de tela en la boca y la estranguló a
mano y a lazo, tras lo cual escondió el cadáver en un trastero del
centro y escribió en la pared «eres una hija de puta no merese
viver» (sic), según especifica la sentencia.
Tras estos hechos, Abdelhuajed M.F. pidió a un taxista que le
llevara al bosque de Valorio de Zamora, donde sorpresivamente le
clavó una navaja en el cuello al chófer con ánimo de acabar con su
vida, le obligó a bajar del vehículo y huyó con él hasta sufrir un
accidente de tráfico en la avenida de Entrepuentes de Zamora. Los
magistrados de la Audiencia de Zamora declararon responsables
civiles al Gobierno de Ceuta y a Mensajeros de la Paz porque el
asesinato se produjo en el centro de trabajo de la educadora, que
«carecía de cualquier medida de seguridad».
Además, existen dudas sobre si el acusado era ya mayor de edad
cuando llegó al centro de menores inmigrantes de Zamora y se
ocultaron anotaciones de su expediente sobre incidentes
protagonizados por el acusado en Ceuta.
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