El fiscal rebajó en un grado las penas de cárcel y en dos grados
las penas de multa, al apreciar varios atenuantes y considerar que
muchos de los delitos se cometieron «por imprudencia» y no «con
conocimiento expreso».
Asimismo, otro de los puntos más destacados del último día fue
la retirada de la acusación, por parte del abogado del Estado, del
delito contra la Hacienda Pública que pesaba contra tres de los
acusados. No obstante, el letrado que representa esta parte se
reservó el ejercicio de emprender acciones civiles en el
futuro.
Los únicos en no conformarse con la petición del fiscal han sido
las defensas de Manuela Picazo Martínez, que falleció antes del
juicio, y de Francisco A.A. En el primer caso, su defensa no se
mostraba de acuerdo con el embargo de sus bienes inmuebles, que la
mujer dejó en herencia a cuatro de los acusados.
En el segundo caso Francisco A.A. estaba acusado de tener bienes
inmobiliarios por valor cercano a los 300.000 euros a pesar de que,
según el fiscal, «tiene certificados cero días de trabajo en la
Seguridad Social en toda su vida». El representante del Misniterio
Público explicó que este acusado no ha podido acreditar la
procedencia del dinero con el que se construyó una casa, ni con qué
objeto se realizaron distintas obras en ella a lo largo de varios
meses. El acusado, en las primeras jornadas de juicio, había
explicado que el dinero procedía del dinero de un seguro después de
sufrir un accidente de tráfico.
Por su parte, su abogado denunció que Francisco A.A. «ha sufrido
una indefensión», al considerar que el fiscal no ha sido capaz de
demostrar de ningún modo el nexo de unión entre los bienes de su
cliente y su procedencia del tráfico de drogas. «También podría
proceder del hurto de melones y gallinas, porque en Son Banya
también hay gente que se dedica al hurto de melones y gallinas»,
señaló.
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