Alijo intervenido por la Guardia Civil. Foto: OPC/UH-INCA

Alijo intervenido por la Guardia Civil. Foto: OPC/UH-INCA

Javier Jiménez01/06/06 0:00
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La «operación Asalto» ha supuesto un misil a la línea de flotación de una de las organizaciones que vendía más cocaína en bares de sa Pobla y la Platja de Muro. Ayer se practicó una nueva detención y los investigadores siguen con las pesquisas. La Comandancia de Palma facilitó ayer los detalles de la gran operación antidroga, adelantada por Ultima Hora. Los acusados son Antonio C.C., de 40 años, Jorge R.F., de 31 y nacionalidad uruguaya, Catalina B.R., de 32, y Esteban S.M., de 36, y en el operativo han participado unos 40 agentes del EDOA, la Compañía de Inca y diferentes unidades de investigación.

A mediados de marzo los agentes tuvieron indicios más que razonables para sospechar de la organización, por lo que se puso en marcha una investigación que se ha prolongado hasta esta semana. Antonio C. era el hombre a seguir, ya que mantenía supuestamente contactos para introducir grandes cantidades de cocaína en la Isla. Los dos 'correos' -encargados de recoger la droga en Perú y traerla a España- eran Catalina B. y Jorge R. y fue precisamente a la vuelta de un viaje de la pareja, el pasado 28 de mayo, cuando se abrió la veda.

A su regreso a Son Sant Joan les estaban esperando los expertos antidroga de la Guardia Civil, que los separaron del resto de pasajeros y los sometieron a un exhaustivo registro. En una de las bolsas que portaban se halló un paquete, que contenía un kilo de cocaína, al parecer de gran pureza. El siguiente movimiento fue registrar seis domicilios y tres bares, dos en sa Pobla y uno en la Platja de Muro. El resultado fue numerosa documentación intervenida (que en la actualidad está siendo analizada por los expertos), dos balanzas de precisión, material para confeccionar cientos de papelinas y 13.000 euros en efectivo. Ese día 'cayeron' el empresario Antonio C., copropietario de dos pubs en sa Pobla y Muro, y Esteban S., supuestamente un «camello a domicilio». Los registros fueron autorizados por un juzgado de Inca, que es el que instruye las diligencias. Durante la operación en sa Pobla numerosos vecinos siguieron desde la calle el operativo, que fue bastante espectacular.