Accidente 'imposible'

Así lo explicó, en rueda de prensa, el conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, tras la primera reunión de la comisión interdepartamental de seguimiento del accidente de Ferrocarrils de la Generalitat, con lo que confirma la versión ofrecida por el sindicato SIF, también asistente a la reunión. García Antón informó de que el maquinista, una de las 41 víctimas mortales del accidente, había trabajado primero como inspector e interventor en la Línea 1 y tras realizar 224 horas de prácticas se le consideró habilitado para conducir un tren, lo que hacía desde el pasado mes de abril.

La 'caja negra' del convoy del metro siniestrado en Valencia ha revelado que el tren circulaba a 80 kilómetros por hora en una curva en la que la velocidad estaba limitada a 40 kilómetros, debido, según el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF), a un posible desfallecimiento del maquinista. El secretario general de este sindicato, Jorge Àlvarez, tras la reunión de la comisión de seguimiento del accidente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), explicó que el conductor del convoy no era maquinista, sino un agente de estación que había recibido clases prácticas durante 14 días, cuando el periodo habitual es de dos meses. El SIF considera que el siniestro fue un «desgraciado accidente» motivado por una «manifiesta falta de inversión» de la Generalitat en el transporte público, por lo que solicita la dimisión del conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón.

Àlvarez aseguró que el maquinista -fallecido en el accidente- era un trabajador «muy responsable», por lo que debió sufrir «algún problema de salud» o un «desfallecimiento» que le hizo perder el control del metro y circular al doble de la velocidad permitida en una curva que, en su opinión, «está muy mal señalizada».

No obstante, subrayó que la línea cubierta por el metro accidentado carece de medidas técnicas, como un frenado automático, para impedir que un convoy exceda la velocidad permitida y descarrile.

Esto, a su juicio, es consecuencia de la falta de inversión en esta infraestructura por parte de la Generalitat, que «prefiere gastar el dinero en grandes acontecimientos que en algo tan cotidiano y necesario como es un transporte rápido y seguro».