Un detenido por la muerte del inmigrante carbonizado en Bunyola

Por ése, y por otros motivos, la Policía Judicial considera que Gabriel Felip tiene más información sobre lo que ocurrió de la que realmente facilitó en un principio, de ahí su detención preventiva. Las diligencias, sin embargo, distan mucho de estar concluidas y todavía no está claro que le pasó a Keber K., la víctima mortal. La Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Comandancia de Palma remitió ayer un comunicado a los medios en el que especificaba que no se descartan nuevas detenciones. En este sentido, parece claro que aparte del detenido y los imputados había otras personas que sabían que el inmigrante había muerto en la finca de las afueras de Bunyola y no lo comunicaron a las fuerzas de seguridad, lo que constituye un delito de encubrimiento.

Durante todo el día de ayer los especialistas de la Policía Judicial, apoyados por la Guardia Civil de Llucmajor, siguieron la pista de algunos sospechosos y tomaron declaración a vecinos de Bunyola. La actividad a lo largo del día fue frenética, ya que los investigadores quieren esclarecer por completo la muerte del inmigrante en las próximas horas. Fuentes judiciales informaron al cierre de esta edición que se estaba interrogando al que podría ser autor material de la muerte violenta de Keber. El mismo día que apareció el cuerpo carbonizado se especuló con que se había tratado de un accidente y que luego habían querido eliminar los restos mortales. Sin embargo, la autopsia y otros detalles han inclinado la balanza hacia un homicidio. Hoy se pueden despejar las últimas incógnitas que rodean el caso. En la investigación abiertas a raíz de la muerte de Keber R. hay un segundo imputado, además del dueño de la finca. Se trata de un hombre que había contratado a inmigrantes ilegales, es decir, que incurrió en un delito contra el derecho de los trabajadores. Esa persona, que ha quedado en libertad con cargos, no tendría relación directa con el extranjero carbonizado, pero su caso se ha descubierto como consecuencia de la investigación criminal que se inició el miércoles. La víctima era un inmigrante de Mali, de 34 años, que llevaba un tiempo en la isla y vivía casi en la indigencia. Al parecer era conocido porque pedía limosna en algunas casas de Palmanyola y también realizaba trabajos agrícolas, aunque su situación en España era irregular. En este sentido, la Guardia Civil ha descubierto que algunos empresarios de la zona contrataban ilegales para tareas diversas, casi siempre relacionadas con el campo.