El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha desarticulado una red ilegal que se dedicaba al tráfico de mujeres para su posterior explotación sexual en clubes clandestinos de Palma. La investigación ha sido realizada por miembros de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) y ha finalizado con la detención de cinco personas.
Los «cabecillas de la banda son: Carlos O.D., de 27 años, Adriano D.M., de 24 y Jailson J.D., de 30, todos ellos de nacionalidad brasileña.
Según informaron fuentes policiales, entre estos tres individuos existía una división específica de sus funciones. Carlos O.D. era la cabeza visible de la organización y los otros dos sospechosos eran los encargados de domicilios situados en la calle Dameto y Ramon Servera Moyà, a quienes las prostitutas debían entregar el dinero que obtenían por los servicios sexuales prestados a los clientes. Asimismo, Adriano D.M. y Jailson J.D. llevaban una contabilidad de todas las incidencias surgidas en ambos clubes clandestinos.
En el transcurso de la investigación se logró la identificación de siete mujeres de origen brasileño, las cuales habían sido obligadas a ejercer la prostitución en Palma.
Además de los tres «cabecillas» se procedió igualmente a la detención de Andreia P., de 24 años, por un delito de falsificación documental y de Franciele D., de 29 años, por infracción a la Ley de Extranjería, ambas de nacionalidad brasileña.
En los registros efectuados en las casas de citas clandestinas se intervinieron numerosos documentos, 3.000 euros en efectivo, documentación bancaria que da idea del gran beneficio económico obtenido por la banda, así como numeroso material audiovisual en donde se demuestra la implicación de todos los detenidos en las actividades ilícitas que desarrollaban.
Según ha podido comprobar la UCRIF, la organización engañaba a las mujeres y les facilitaba todos los medios necesarios para trasladarse a Palma, mediante la entrega de billetes de avión así como su recogida en los aeropuertos. Una vez en la Isla, la banda les imponía una deuda de 6.000 euros en concepto de gastos de traslado y las obligaba a prostituirse.
También, la propia banda se encargaba de facilitar documentación falsa a alguno de sus miembros para poder residir legalmente en este país, y de este modo dar apariencia de legalidad en su situación administrativa, informó la policía.
Los tres principales «cabecillas» de la organización pasaron a disposición judicial el miércoles. Dos de ellos quedaron en libertad con cargos y uno ingresó en la cárcel.
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