El Tribunal admite así la petición realizada por el fiscal en una vista celebrada el pasado 4 de junio para que el facultativo ingresara en prisión para evitar su fuga mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos de casación anunciados por la defensa.
La sala otorga 72 horas de plazo desde la notificación personal al condenado para que se persone voluntariamente en la prisión o se enviará a su domicilio a la Policía Judicial.
El auto, que fue dado a conocer ayer a la partes, considera que «el solo dictado de una sentencia condenatoria por un delito grave puede constituir dato bastante que justifique razonable y suficientemente la concurrencia de un riesgo de sustracción a la acción de la Justicia.
La sala afirma que tiene «motivos suficientes para creer responsable criminalmente de los 275 delitos de lesiones y 4 delitos de homicidio imprudente al condenado» y cree que debe tenerse en cuenta que el facultativo se encuentra en una situación «familiar, laboral y económica de dudoso arraigo».
Además, señala que tiene una actividad profesional «atractiva para establecer vínculos en el exterior», que «le facilitaría una vida holgada en libertad», y recuerda que Maeso pidió que le devolvieran el pasaporte «para poder salir de España e incluso para poder prestar su trabajo en un país africano, con el que no consta que exista convenio de extradición».
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