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EMILIO LÓPEZ VERDÚ Un empresario se enfrenta a una pena de un año de prisión por cerrar un acceso público al mar en Illetes (Calvià) con muros de piedra y puerta metálicas.

El acusado es José S.M., administrador único de una empresa que poseía unos terrenos contiguos a la zona de costa situada entre Illetes y Portals Nous. Se trata de una finca ubicada en la Avenida de Bendinat, y adquirida por el acusado tras la muerte de su anterior propietario. Una vez comprada, el acusado mandó construir dos muros de piedra en una zona considerada como de dominio público marítimo terrestre. Las obras se iniciaron en abril de 2004 y concluyeron en agosto, con la instalación de puertas de acero inoxidable y verjas metálicas. El fiscal afirma que el acusado «privatizó» de esta manera el dominio público «no habiendo obtenido la preceptiva concesión administrativa legitimadora de la ocupación del espacio».

Por su parte, el acusado declaró en su momento que antes de adquirir la finca ya existían cerramientos similares, aunque una gran tormenta los destruyó por completo y acabaron en el fondo del mar. La tormenta también causó daños importantes en una explanada de cemento situada a pocos metros del mar. Al encontrarse con estos destrozos, el empresario optó por reparar las vallas. También afirmó que mantuvo varios contactos por escrito con Costas para regularizar la situación.

El fiscal le acusa de un delito contra la ordenación del territorio, contemplado en el artículo 319 del Código Penal, y pide además la demolición de todas las puertas y verjas metálicas. El juicio, que se celebrará el próximo mes de septiembre en un juzgado de lo Penal de Palma, contará con la presencia del Jefe de Costas.

Al margen de este caso, que podría sentar un precedente penal para multitud de propietarios que han actuado de manera semejante en Balears, el TSJB ya dictó una sentencia en enero de 2006 que obligaba al dueño de una finca de Sa Torre Nova, también en Calvià, a derribar los cerramientos. En este caso, la Sala de lo Contencioso Administrativo argumentó que «el bien jurídico del dominio público marítimo terrestre no debe quedar indefenso». El propietario se defendió asegurando que él no había instalado los cerramientos.