Pujadas reclama sus armas

Pujadas regenta desde hace 35 años la conocida tienda de efectos de coleccionismo militar B-25, en la Costa d'en Brossa de Palma. En el año 1984 le intervinieron numerosas armas de fuego y blancas y se inició un proceso judicial en su contra. Pujadas señala que todas esas piezas, muchas de las cuales eran decorativas, quedaron depositadas en Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil.

En 1993, una vez dictada la sentencia, Pujadas inició las gestiones para recuperar las armas que le debían ser entregadas. «Me condenaron por unas armas que no podía tener y éstas se tenían que destruir. De acuerdo. Cumplí y hoy ya ni siquiera me pueden decir que tengo antecedentes por ello, porque se han borrado. Pero el resto de piezas, cerca de 200, cuyo valor oscilaría en el mercado de colección entre los 84.000 y 102.000 euros, han desaparecido y a día de hoy no sé dónde pueden estar», afirma Pujadas.

Al reclamarlas oficialmente hace 15 años, la Guardia Civil le respondió que las armas habían sido reducidas a chatarra, cumplimentando lo que disponía la sentencia que fue remitida al Cuerpo.

Al respecto, Pujadas indica que la sentencia no dispuso en ningún caso la destrucción de unas armas antiguas inutilizadas, sables o machetes, entre otras piezas, sino «más bien al contrario, acordó dar a los efectos intervenidos el destino legal, que tendría que haber sido la devolución a su propietario, porque la Guardia Civil sólo era depositaria de armas, no entiendo cómo puede decir que las destruyó».

Con el paso de los años, varias de esas armas que se destruyeron han llegado de nuevo a manos de Pujadas a través de terceras personas. Este hecho le hace creer que las piezas de coleccionista «no fueron destruidas, sino que fueron repartidas, y muchas de ellas pasaron a manos privadas». «Sobre este tema mi abogado sigue haciendo gestiones para saber qué pasó con las armas, porque yo me he quedado sin mi colección, que podía tener legalmente», añade.

Ahora no quiere que se vuelva a repetir la historia. A finales de mayo la policía le intervino un centenar de armas, valoradas en unos 150.000 euros, y le acusó de un delito de tráfico ilícito de armas. Según Pujadas, unas 70 armas estaban a la venta en la tienda y unas 30 son de su colección particular. Pujadas reconoce que algunas de estas armas pueden usarse para disparar y no las puede tener legalmente, pero niega tajantemente que se dedique al tráfico de armas. En este momento su intención es recuperar las armas «por las que no me tienen que juzgar para que no se pierdan como pasó la otra vez».