Javier Rodrigo de Santos, en prisión provisional por presuntamente haber abusado de dos menores con los que compartía el mismo grupo catecúmeno, fue excarcelado ayer por unas horas para declarar ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma.
El ex regidor del Ajuntament mantuvo ayer, como ya hiciera la semana pasada, que es inocente de los graves cargos que le imputa la Fiscalía.
El pasado mes de agosto, el letrado José Ignacio Herrero, que ejerce la defensa del ex político conservador, solicitó en la Audiencia Provincial la libertad de su cliente, así como el levantamiento de la orden de protección que recaía sobre la identidad y circunstancias personales de los dos menores denunciantes.
Si bien la libertad provisional no fue concedida al entender el tribunal apelante que existe riesgo de fuga, si fue estimada la petición relativa a que la defensa de De Santos pudiera tener conocimiento de quién le estaba acusando, esto es, el levantamiento de la mencionada orden de protección de los menores.
Por tanto, levantados ya el hermético secreto de sumario y la salvaguarda de las identidades de los denunciantes, De Santos quiso declarar ayer que los hechos por los que se le acusa de nada concuerdan con las fechas en las que los menores dicen haber sido abusados.
Otros delitos
Cabe recordar que Rodrigo de Santos, además de los presuntos abusos a menores por los que fue encarcelado el pasado mes de junio, está encausado por la comisión de otros delitos que presuntamente cometió mientras ostentó el cargo de ex teniente de alcalde del Consistorio palmesano.
La Fiscalía Anticorrupción de Balears presentó en los juzgados una querella criminal contra Rodrigo de Santos por el delito de malversación continuada de caudales públicos por gastarse unos 50.000 euros del erario público en clubes de alterne.
Anticorrupción también imputa a De Santos de un delito de prevaricación -tomar a sabiendas una decisión injusta- por la compra del castillo infantil del Parc de Sa Riera que emula el Castell de Bellver.
El ex concejal del Partido Popular se encargó personalmente de la adquisición de ese castillo a la empresa sueca Hags, operación en la que autorizó un pago de 1,4 millones de euros, cuando presidía la Empresa Municipal d'Obres i Projectes Urbans (EMOP) en el anterior equipo de gobierno del Ajuntament.
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