29/01/09 0:00
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V. M. / X. G. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma quitó ayer hierro a su declaración en el 'caso Son Banya': «No es una situación que se de habitualmente, pero puede pasar». El magistrado afirma además que esta declaración no ha interferido con su labor al frente del juzgado.

Ésta no fue la única aparición del juez en la vista oral del caso. En su testimonio del miércoles, el jefe de la Uded (Unidad de Delitos Especiales), Ezequiel Urdiales, de la Policía Nacional afirmó que el ex inspector José Gómez, 'Pepote' indicaba a los miembros del clan de 'La Paca' que se entregasen en el juzgado sólo cuando Castro estuviera de Guardia. El órgano de gobierno del Tribunal Superior de Baleares eludió ayer valorar esta declaración y la comparecencia de Castro ante el Tribunal. De hecho, el asunto no formó parte de la agenda del organismo colegiado celebrado ayer ni se habló al respecto.

También rechazaron valorar el protagonismo de Castro en el juicio de Son Banya desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los portavoces oficiales del máximo organismo de gobierno de los jueces rehusaron realizar ningún comentario al respecto.

La actuación de Castro ha protagonizado desde un primer momento el 'caso Son Banya'. Castro fue el primer instructor de la causa y tuvo que inhibirse por tener una «enemistad manifiesta» con el policía José Gómez, 'Pepote', implicado en una supuesta trama de extorsión. En su testimonio el pasado lunes aseguró que jamás había sospechado del ex jefe de Atracos de la Policía Nacional durante la instrucción.

El pasado marte, justo después de comparecer como testigo en el 'caso Son Banya', Castro volvió a un juzgado que no era el suyo. En esa ocasión testificó contra dos miembros del Lobby per la Independència acusados de calumnias por haber permitido la publicación de unos artículos en los que los autores se preguntaban si Castro estaba «a sueldo» de 'La Paca'.

Castro mantuvo además hace unos meses una polémica con el delegado del Gobierno, Ramon Socias, después de que amenazara de imputar de un delito de desobediencia al representante del Gobierno en Balears por el retraso de una analítica de drogas.