P. Candia26/02/09 0:00
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El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, instructor de la 'operación Relámpago', la supuesta trama millonaria para eludir pagos a Hacienda, ha embargado todos los bienes de los principales imputados, el matrimonio Hore y el abogado mallorquín Alejandro Feliu, para asegurar la constitución de una fianza de responsabilidad civil de 246 millones de euros, la mayor fijada hasta ahora en Balears.

Los abogados de los Hore y Alejandro Feliu, Andrés Jiménez de Parga y Juan Luis Matas, respectivamente, se personaron ayer en el juzgado para comunicarle al juez que sus clientes carecían de bienes para avalar esos 246 millones de euros.

Entonces, el juez procedió a decretar el embargo de los patrimonios de ambos imputados, que en el caso del matrimonio Hore, Christian y Marta Mónica, afecta a la emblemática finca mallorquina de Son Bunyola, en Banyalbufar, otra possessió en Valldemossa y 30 millones de euros depositados en una cuenta del Banco de Sabadell.

En lo que respecta a Alejandro Feliu, éste anunció que carecía de bienes para cubrir la cantidad exigida, por lo que el juez ha ordenado que se investigue su patrimonio para proceder a los correspondientes embargos.

Los Hore adquirieron Son Bunyola, una finca de tres millones de metros cuadrados al magnate inglés Richard Branson, en una operación en la que intervino como abogado Alejandro Feliu. Según la Fiscalía Anticorrupción, los Hore y Feliu pudieron haber cometido un delito fiscal que es objeto de investigación judicial.

El letrado del matrimonio británico entregó ayer un comunicado de prensa en el que rechaza de plano que sus clientes estén siendo investigado por un supuesto blanqueo de capitales, y circunscribió las investigaciones únicamente a un posible delito fiscal.

Añade que Marta Mónica, colombiana con pasaporte británico, es residente y domiciliada a efectos tributarios y fiscales «exclusivamente en el Reino Unido» y «no reconoce que los tribunales españoles tengan competencia ni jurisdicción para investigar este caso». Por ello, «ha instado a las autoridades británicas para que recaben las competencias sobre este caso». Los Hore, asimismo, han interpuesto una demanda por responsabilidad patrimonial en contra del Estado español y una querella criminal ante el Supremo en contra del juez Garcías por el supuesto delito de prevaricación.