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JULIO BASTIDA «Estoy muy afectada por lo que habéis publicado en vuestro periódico, pero no me sorprende absolutamente nada. Hace varios meses que lo que está sucediendo en esta residencia es de juzgado de guardia y nadie hace nada. A los internos los trataban peor que a los perros. Desconozco si les suministraban somníferos, pero los ancianos estaban bien algunos días, mientras que otros eran auténticos zombis», relata una de las empleadas del centro, que prefiere mantener su anonimato por miedo a represalias.

La misma trabajadora añade: «Nos han citado para declarar ante la Guardia Civil y cuando nos toque testificar lo vamos a contar todo. No hay derecho del trato que han recibido estos ancianos», concluyó.

Un redactor de Ultima Hora se personó, a primera hora de ayer, en la residencia y tras ser recibido por una representante de la empresa Aser y la gobernanta del centro, declinaron hacer declaraciones a la prensa.

Por otra parte, Rafel Torres, primer teniente de alcalde de Inca, en rueda de prensa cargó duramente contra la Conselleria d'Afers Socials y el Consell de Mallorca.

«Para el Ajuntament d'Inca es muy desagradable todo lo que está sucediendo. Especialmente porque las víctimas son personas de riesgo, mayores y discapacitadas. Desde que se abrió el centro al Ayuntamiento le han llegado muy asiduamente denuncias por parte de familiares y también de trabajadores del mismo. Nosotros, nada más recibir la primera denuncia lo que hicimos fue dar aviso inmediatamente a la Conselleria d'Afers Socials del Govern Balear y comunicarlo a la consellera. Además, también hay que dejar muy claro que las competencias de la inspección de centros de residencias es del Consell de Mallorca. Aquí algo falló y los responsables tendrán que asumir sus actuaciones», añadió Torres.

Por otra parte, el primer teniente de alcalde destacó: «En la residencia hay unas 70 personas. Para acceder a la misma se puede hacer por dos vías: la pública y la privada. Sabemos que desde hace algún tiempo sólo accedían nuevos internos por la vía privada, esto significa que el Govern paralizó la entrada de plazas públicas. ¿Por qué? También tenemos constancia que la empresa, que son los culpables, han enviado personal médico, sanitario y un gerente desde Madrid para gestionar la situación».