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Catalina Torres, maestra Reiki, experta en tarot y cabalista, entre otras facultades, ha interpuesto una denuncia en los juzgados de Palma contra dos mujeres por haberle plagiado y utilizado un método para contrarrestar las energías negativas.

La perjudicada, a través de su abogado Miguel Mir, explica en la denuncia que «tras muchos estudios y dedicación confeccionó en el año 1994 una obra formativa denominada 'Curso de Técnicas de Intervención Defensiva'», la cual se encuentra registrada. Desde ese año hasta hoy ha ido impartiendo este curso en diversos centros a diferentes alumnos. Uno de los centros donde fue impartido este curso se encuentra en la calle Monseñor Palmer de Palma. La responsable de este establecimiento y una trabajadora son las dos personas que han sido demandadas por Catalina Torres por apropiarse de su obra.

Las dos demandadas realizan cursos de forma conjunta desde 2006 hasta la actualidad. Según Catalina Torres, desde octubre de 2008 realizan uno utilizando su obra sin su permiso. La denunciante tuvo conocimiento de este hecho gracias a la información facilitada por un testigo y varias personas más, las cuales le informaron de que las dos responsables del centro estaban utilizando su obra mediante un plagio absoluto, sin su consentimiento.

Este plagio se efectúa mediante la obra en la que simplemente cambian el nombre a 'Taller de Protección y Escudo Energético'.
La denuncia presentada por Catalina Torres aporta la copia de sus textos utilizados por las demandadas, y explica que «mediante este plagio, las codemandadas están realizando cursos cada mes, en los que parece ser que asiste una media de diez alumnos, con un precio que oscila entre los 150 y los 300 euros». En este sentido, la perjudicada aporta la copia de la propaganda del curso y la tarjeta del centro de la calle Monseñor Palmer escrita por una de las demandadas.

Ante la situación, la perjudicada solicita que se condene a las demandadas a reproducir y comunicar la obra cuyos derechos de propiedad intelectual le pertenecen y se les obligue a abonar la cantidad que se determine en concepto de daños y perjuicios.