TW
0

La Audiencia Provincial de Palma juzga desde ayer a nueve personas por uno de los mayores desembarcos de droga producidos en Mallorca. De acuerdo con la Fiscalía, los nueve acusados fueron los responsables de la llegada de una lancha a Sant Elm (Andratx) en noviembre de 2007 con 146 fardos de hachís. La droga había sido transportada desde Marruecos directamente y pesaba más de 4.500 kilogramos.

Los responsables del grupo se enfrentan a una petición de condena de seis años y tres meses cada uno. Si bien, en la primera sesión del juicio cinco de los encausados reconocieron su participación en los hechos y aceptaron una pena de cuatro años de prisión. Estos acusados fueron los sorprendidos por la Guardia Civil del Port d'Andratx cuando descargaban la droga en una furgoneta. Otro de ellos manifestó que nunca había viajado a Mallorca. Cuando la fiscal le preguntó por qué aparece su nombre en el contrato de alquiler de la furgoneta, éste afirmó que le habían robado el carné de conducir.

Los otros tres acusados rehusaron a declarar ante el Tribunal. Sus defensas solicitan su absolución por un defecto de forma en el proceso. Los letrados Carlos Portalo, Jaime Campaner y Fernando Mateas pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas que dieron lugar a la detención de los tres por esta causa.

Las escuchas surgieron de la investigación de otro gran desembarco de hachís en Mallorca, en este caso en Alcúdia. La Guardia Civil descubrió una posible vinculación entre ambos, por lo que el juez que instruía esta causa en Palma solicitó estas escuchas. Sin embargo, a juicio de las defensas no existe en autos una justificación motivada que de pie a estas escuchas. La Fiscalía sostiene que los pinchazos tienen amparo judicial suficiente y pidió que se mantengan. La sala decidirá este extremo en la sentencia.

Además de la droga, cuando la Guardia Civil detuvo al grupo en Sant Elm, ocuparon 3.565 litros de gasolina que iban a usar para regresar a Marruecos a bordo de la misma planeadora con la que desembarcaron en Andratx. Junto a las penas de cárcel, la Fiscalía pide que los acusados paguen una multa de 60 millones de euros por la droga, cuyo valor en el mercado fue calculado en más de 20 millones.