La Fiscalía Anticorrupción de Balears pide un total de 50 años de prisión para los acusados. Las más altas corresponden a un ciudadano británico y a otro canadiense a los que se imputan cuarenta delitos de estafa y cinco de falsedad documental. Para cada uno de ellos se pide una pena de 14 años de cárcel. El resto de los procesados, un alemán, una británica y un estadounidense se enfrentan a penas que oscilan entre los cinco y los seis años.
El motivo de la estafa es la venta inflada de acciones de una sociedad que se dedicaba al sector inmobiliario en Bulgaria. Esta compañía se dedicaba a invertir en terrenos en el país del Este. Para captar capital vendía acciones a un precio nominal de 0'4 euros. Según la acusación, los procesados pusieron en marcha una empresa en Palma que vendía esas mismas acciones por un precio que era entre cinco y ocho veces su precio real.
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