EfeMadrid22/02/10 0:00
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Pese a tener una de las tasas más altas de población reclusa de Europa y unos de los índices de criminalidad más bajos, el debate sobre la cadena perpetua resurge periódicamente en España al calor de casos como los de Mari Luz Cortés, Marta del Castillo o Sandra Palo.
Aunque sólo una treintena de los casi 76.000 presos están acusados por delitos de violación y asesinato, esos crímenes crean un estado de opinión en la calle que próximamente puede llegar al Congreso si el PP, como ha anunciado, presenta finalmente una enmienda a la reforma del Código Penal para instaurar lo que llama «prisión permanente revisable».
Cárceles llenas
¿Cabe la cadena perpetua en la Constitución, que establece que el fin de las penas es la reinserción del delincuente? ¿Es necesaria en un país con condenas más largas que la media europea? ¿Qué efecto tendría sobre nuestro sistema penitenciario, con unas cárceles ya superpobladas?
Según el Ministerio del Interior, la tasa de criminalidad en España entre julio de 2008 y junio de 2009 fue de 47 delitos por cada mil habitantes, muy inferior a la media europea (70,4), sólo por encima de Grecia, Portugal e Irlanda, y lejos de Francia (57,5), Alemania (76,3) o Gran Bretaña (101,6).
Las cifras se concilian difícilmente con el hecho de que las 87 cárceles españolas albergan hoy a 76.000 internos frente a los 33.000 de 1990: un incremento del 130 por ciento en los últimos veinte años, cuando el aumento de la población española ha sido del 20 por ciento, de los 38,8 millones de habitantes de 1991 a los 46,7 en 2009, según el Instituto Nacional de Estadística.
La comparación con Europa es igual de llamativa: según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios del King's College, si en España hay 160 presos por cada cien mil habitantes, en Italia -con más de 59 millones de habitantes- hay 92, en Francia -más de 62 millones de población- 96 y en Alemania -82 millones- sólo 89. «Somos los campeones de Europa», dice Virgilio Valero, director general de Coordinación Territorial y Medio Abierto de Instituciones Penitenciarias, que concluye que, con esos datos, «no tendríamos que tocar el Código Penal o, de hacerlo, que sea a la baja».