Los acusados por intentar robar el hachís en Valldemossa confiesan en el juicio

Los seis acusados por intentar robar los tres mil kilos de hachís que otra banda desembarcaba en Valldemosa, confesaron ayer su participación en la trama, en la segunda jornada del 'macrojuicio' contra 33 acusados.
El cabecilla del grupo aceptó que tanto él como sus compañeros se pusieron de acuerdo para interceptar el desembarco, amendrentar a los porteadores y hacerse con la droga. También admitió que uno de los implicados en el desembarco, éste de nacionalidad marroquí, era su contacto en la organización que le llamó para desvelarle el desembarco del 24 de abril de 2008. De esta forma, él y el resto del grupo volaron ese mismo día por separado desde Barcelona a Palma y se dirigieron a Valldemossa, donde fueron detenidos en la misma operación de la Guardia Civil que frustró la llegada de la droga. El resto de sus compañeros secundaron esa versión.
En la sesión de ayer por la mañana terminaron de prestar declaración todos los acusados. Entre ellos se encuentra en dueño de la finca del Port de Valldemossa en la que se produjo el desembarco. Éste está acusado de facilitar la operación y permitir el paso de los narcotraficantes. Él lo negó de forma tajante. Aseguró que nunca tuvo conocimiento del desembarco y se desvinculó de dos amigos suyos, también acusados, uno de los cuales fue detenido en el lugar. El fiscal, Adrían Salazar preguntó al propietario de la finca por la declaración de uno de los porteadores de la droga que afirmó que les abrieron la cancela de la finca. El acusado respondió que después del desembarco encontraron rotas las cadenas que cerraban la finca.
Uno de sus dos amigos se negó a declarar y el otro, cámara de televisión explicó que sólo fue a Valldemossa a recoger a un amigo suyo que, casualmente, es uno de los supuestos líderes del desembarco. En su vehículo llevaba el teléfono móvil del que rechazó responder.
La acusación contra el dueño de la finca tiene un interés adicional por la propia posesión. Se trata de una parcela de gran valor con embarcadero propio. La Fiscalía pide una condena de seis años de prisión para este acusado, pena similar a la del resto, además solicita una multa de 40 millones de euros, cantidad que el resto de encausados no podrá asumir, dado que no tienen patrimonio.