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El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ha detenido a un cura del municipio mallorquín de Manacor, que impartía misa en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la localidad castellonense de Vilafamés, tras presuntamente hallar en el centro más de 21.000 archivos de contenido pedófilo, que ocupaban alrededor de 600 GB, según ha informado la Fiscalía de Castellón en un comunicado.

La entrada y registro se efectuó el pasado miércoles en la parroquia del cura, que llevaba varios años en Vilafamés y, la Fiscalía le imputa un delito de distribución de pornografía infantil, tras hallarle en la parroquia más de 21.000 archivos de contenido pedófilo.

Así, el cura fue llevado a prestar declaración ante el juez de guardia, quien ordenó su puesta en libertad provisional con la obligación de comparecer quincenalmente ante la autoridad judicial.

El ministerio fiscal interesaba para este hombre su ingreso en prisión comunicada y sin fianza y, al no tenerse en cuenta por parte del magistrado, se interpondrá a lo largo de este viernes o en la mañana del lunes el correspondiente recurso, según ha concretado Fiscalía, quien ha recordado que el delito de distribución de pornografía infantil referida a menores de 13 años está castigado con pena de prisión de cuatro a ocho años.

Pese al arresto, algunos vecinos del citado municipio de Castellón han mostrado a Europa Press su sorpresa por este suceso, dado que no habían tenido conocimiento del mismo, por lo que han reconocido que se han enterado este mismo viernes de la detención del párroco a través de los medios de comunicación.

Suspensión cautelar

El Obispado de la Diócesis Segorbe-Castellón ha decretado la suspensión cautelar en todos sus cargos y en el ejercicio del orden sacerdotal del cura, al que se le imputa un delito de distribución de pornografía infantil.

Asimismo, ha informado en un comunicado que «de ser cierta la imputación, es éste un hecho que nos duele profundamente, que lamentamos con sinceridad y que rechazamos sin paliativo alguno», pues --ha añadido-- se trata de «un grave delito, no sólo en el Derecho Penal del Estado, sino que también está considerado como un delito muy grave en el Derecho Canónico de la Iglesia, reservado por ello a la Congregación para la Doctrina de la Fe».

Esta conducta, según el Obispado, «contradice el deber y el compromiso a la castidad de todo sacerdote católico y atenta contra la santidad del ministerio sacerdotal y la credibilidad del mismo». Igualmente, ha lamentado, «puede poner en entredicho, en muchos fieles, la fidelidad de la mayoría de nuestros sacerdotes».

Por otra parte, la Diócesis ha mostrado su «disposición total» hacia los tribunales de justicia en el esclarecimiento de los hechos, y a la vez ofrecerá al sacerdote imputado los medios necesarios para su «justa» defensa.

Así mismo, se explica en el comunicado que para evitar el «escándalo» de los fieles, a tenor del canon 1722 del Código de Derecho Canónico, el obispo diocesano, después de haber hablado con el interesado y con el Promotor de Justicia del Obispado, ha decretado la suspensión cautelar en todos sus cargos, así como en el ejercicio del orden sacerdotal.