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Una agente de la Policía Local de Palma, Sonia V.R., ha interpuesto una denuncia contra la jefa de servicios del Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib) y oficial de policía en Calvià, Paola T.V.G., el comisario Enrique C.O. y el subinspector Andreu O. en la que asegura haber sido víctima de una estrategia de «acoso y derribo» así como de «desagradables situaciones y a todas luces insostenibles» en su ámbito laboral por parte de los tres demandados.

En la denuncia, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 8 y a la que ha tenido acceso Europa Press, la agente entiende que éstos habrían incurrido en presuntos delitos de lesiones, trato degradante, prevaricación y calumnias por unos hechos que, según relata, provocaron que acabase causando baja por ansiedad y sufriendo daños tanto patrimoniales como corporales y morales «de muy difícil reparación».

Tras recordar que hace más de seis años mantuvo una corta relación personal con Paola T.V.G., la denunciante, defendida por los letrados Josep de Luis e Isabel Fluxà, asevera que desde febrero de este año comenzó a recibir «amenazas» y a vivir una sucesión de «humillantes» episodios que se iniciaron cuando Andreu O. le requirió en su despacho para hablarle «sin mayor explicación» de un expediente disciplinario y advertirle de su situación de interinidad en el cuerpo.

Expediente disciplinario

Después de «aceptar sus condiciones» cuando él le indicó que la conversación iba a ser grabada, el superior comenzó a interrogar a Sonia V.R. «de forma coercitiva» sobre una denuncia retirada de un vehículo estacionado en zona de minusválidos cuya titular, según las comprobaciones que la agente hizo posteriormente, resultó ser la madre de Paola T.V.G. «Me sentí totalmente indefensa y acosada ante el insistente y obstinado interrogatorio ya que me seguía presionando para que contestase preguntas cuya respuesta desconocía».

Así las cosas, «sin mayor explicación» le fue incoado un expediente disciplinario en el que se le atribuían cuatro faltas graves «supuestamente por retirar un vehículo estacionado de forma irregular en el ejercicio de mis funciones y siguiendo órdenes de mi jefe de patrulla». Momento a partir del cual, subraya la policía, «sigue 'in crescendo' mi suplicio y me flaquean las fuerzas, pero a pesar de ello y en contra de mi médico, decido seguir trabajando puesto que nada tengo que ocultar».

Fue 'a posteriori' cuando, subraya, se enteró de la existencia de un informe previo que aludía a un escrito presentado por Paola T.V.G. y redactado por Enrique C. en el que se le acusa «falsamente» de unos hechos «en los que nada tengo que ver». Sin embargo, los episodios de presunto acoso no finalizaron ahí ya que, tal y como añade en su denuncia, comenzó a recibir emails de contenido «amenazante, humillante y denigrante» que la agente atribuye a la denunciada o a alguien de su círculo cercano a pesar de desconocer su remitente.

La denunciante considera que estos hechos, además de constituir una conducta «prevaricadora» a la hora de dictar resoluciones «arbitrarias y contrarias a derecho, manipulando datos y vertiendo gravísimas calumnias contra mi persona», suponen «una quiebra de derechos constitucionales como es el derecho al ttrabajo, a la integridad moral, al honor y en definitiva a la dignidad humana».

Actitudes que en su «manifestación extrema son constitutivas de un delito de lesiones al ser una conducta dolosa llevada a cabo mediante un hostigamiento psicológico mantenido en el tiempo, que ha menoscabado mi salud física y mental» y sin que hasta el momento «el tratamiento médico al que estoy sometida haya permitido mi mejoría», concluye la agente de la Policía Local.