La red hizo operaciones de compraventa con 18 inmuebles.

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Una alianza diabólica de los años del ladrillo: el director de una sucursal bancaria y el propietario de una inmobiliaria están acusados de ser los cerebros de una estafa de más de 2,3 millones de euros. Junto a ellos se sentarán en el banquillo de los acusados otras 28 personas la próxima semana en la Audiencia Provincial de Palma. En total, la Fiscalía solicitas penas de cárcel que suman 72 años de cárcel para todos los acusados.

De acuerdo con la calificación provisional de la Fiscalía, los hechos se produjeron en el año 2003. El dueño de la inmobiliaria y el director bancario idearon un plan para quedarse con el piso y el dinero de la hipoteca en la misma operación. Mediante otras dos personas contactaron con el resto de los acusados. Les ofrecían una cantidad de dinero para que sirvieran como pantallas de la operación. Estos individuos -todos ellos también acusados- solicitaban una hipoteca para comprar un piso de la inmobiliaria. Firmaban las escrituras y la constitución de la hipoteca pero luego desaparecían. De esta manera el director del banco -que era el que les había concedido el crédito- y el empresario se quedaban luego con el dinero y, en la práctica conservaban el piso. Con esta mecánica realizaron un total de 18 operaciones sobre viviendas de Palma y Santanyí y alguna finca. Durante unos meses pagaban la hipoteca, pero enseguida se desentendían. Cuando la caja pretendía reclamar se encontraba con que el propietario del piso no tenía recursos y ni siquiera residía en esa vivienda que seguía vacía y en poder de la inmobiliaria.

Los principales acusados se enfrentan a una petición de seis años de cárcel. Además, a los treinta el fiscal les exige que respondan de las posibles deudas que tengan contraídas con la entidad bancaria, la estafada.