Los acusados por la 'operación Sofía' durante el juicio en la Audiencia Provincial. FOTO: A. SEPÚLVEDA | Alejandro Sepúlveda

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Los tres principales cabecillas de la trama de estafas descubierta en la 'operación Sofía' han pasado de condenas de nueve y seis años de prisión a penas de dos años y medio y de un año y siete meses. La decisión del Tribunal Supremo de repetir una parte del juicio para incluir unos documentos que no se habían traducido durante la fase de instrucción ha dado lugar a un acuerdo entre las defensas y la Fiscalía que supone que los tres británicos no tendrán que ingresar en prisión.

La Audiencia había impuesto en julio de 2010 condenas de un total de 25 años de cárcel a cinco personas por una estafa de 7,25 millones de euros a 42 ciudadanos británicos a través de un 'call center' instalado en Palma. La condena se anuló un año después. El Tribunal Supremo entendió que se vulneraron los derechos de los acusados dado que la Sala que les condenó no valoró dos documentos que había en el sumario pero que no habían sido traducidos en ningún momento.

Nulidad y pacto

Para introducir esos dos documentos, el Supremo anuló todo el proceso desde el trámite en el que se presenta la prueba documental en el juicio. Es decir, eran necesarias además nuevas conclusiones e informes de las partes y una segunda sentencia. Ayer se celebró esa nueva vista. En ella, el fiscal Pedro Horrach y la defensa de los acusados plasmaron un acuerdo por el que los tres principales acusados aceptaban penas menores una vez que se les aceptaba como atenuante la reparación parcial del daño al haber entregado unas fincas en Bulgaria a los estafados. De esta forma, ninguno de los tres tendrá que ingresar en prisión dado que ya cumplieron sus nuevas condenas durante el tiempo que estuvieron en prisión preventiva.

El fallo de la Audiencia Provincial se basaba en gran parte en la declaración de uno de los cinco acusados, que confesó su culpabilidad y detalló los manejos de la trama para comprar acciones de una empresa búlgara que, en realidad no existía. Los fondos que se captaban en Mallorca iban a un banco de Tánger y, de ahí a Gibraltar, Estados Unidos y las Islas Seychelles. Esa sentencia fijó una condena de nueve años de prisión para los dos principales acusados, Brian James Giefing y Paul Charleston y de seis años para un tercer británico, Mark Jay Brown.

Ambos montaron junto a otra acusada un 'call center' en las avenida Comte Sallent de Palma. Desde allí se dedicaban a captar inversiones, para lo que pusieron en marcha una infraestructura con unos diez o quince telefonistas que llamaban de forma constante a ciudadanos británicos para ofrecerles varios proyectos.

Las acciones de la inmobiliaria búlgara se vendían a un precio arbitrario, pero que en todo caso multiplicaba por tres o por cuatro su valor nominal. A los inversores se les decía que ya se habían comprado terrenos que en realidad nunca se adquirieron y que se iban a llevar a cabo proyectos que tampoco se ejecutaron.