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El autor confeso del crimen del empresario Joan Mascaró Florit (Ferreries, 1945), ingresó ayer por la tarde en la cárcel de Maó tras declarar ante el juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciutadella, que se encontraba en funciones de guardia. En el auto se le imputa un presunto delito de homicidio y el magistrado ya ha transformado las diligencias previas en un procedimiento que se tramitará según la Ley del Jurado, dado el delito que se investiga,.

La resolución del juez fue pactada con la fiscal, al concluir el interrogatorio de dos horas y media al que fue sometido el presunto homicida, Cristóbal Torrent Goñalons, de 51 años. Éste llegó poco antes de la una al Juzgado, esposado y escoltado por dos guardias civiles. Y, aunque mantuvo «sustancialmente» la misma versión de los hechos que relató la víspera durante su interrogatorio en el cuartel de la Benemérita en Maó, «moduló» algunos aspectos. Lo hizo ya en presencia de su abogada, a quien prohibió expresamente realizar cualquier tipo de comentario público acerca de su declaración.

Sí los hizo a la salida la fiscal de guardia. Aunque no quiso ser «explícita», remarcó que, aún cuando el detenido se reafirma en que asestó las puñaladas mortales que mataron a Joan Mascaró, ha variado algunos detalles que, de momento, impiden calificar los hechos de asesinato y obligarán a practicar nuevas diligencias.

La clave es concluir si existió o no premeditación en su proceder. La familia del fallecido insiste en que estos últimos días se había visto el coche del presunto agresor merodeando por los alrededores de la casa en la que vivía Joan Mascaró, y en su primera declaración ante la Guardia Civil el detenido mantuvo que había estado esperando a que pasara con su motocicleta, pero ayer varió levemente su relato. Así lo resaltó la fiscal, consciente de que «las circunstancias que concurren pueden modificar considerablemente la calificación». La condena mínima por homicidio establecida por el Código Penal es de 10 años, mientras que el asesinato está penado con hasta 20 años de cárcel.