La Policía Judicial de la Guardia Civil ha confirmado que Jorge Rivero, el uruguayo que huyó de Mallorca tras la paliza mortal al empresario suizo del Port de Pollença, tomó un vuelo hasta Chile. En ese país sudamericano se le pierde la pista, aunque los investigadores creen que sigue allí.
España y Chile mantienen un convenio de extradición, así que si el sospechoso es detenido en los próximos meses podría ser trasladado a Mallorca para ser juzgado. Las diligencias las instruye una jueza de Inca.
Asalto
Jorge Rivero y Cristian Silva residían en el Port de Pollença, cerca del chalet que asaltaron a finales de diciembre pasado. La víctima fue Kurt Schwab, un empresario suizo de 78 años, que fue golpeado durante horas por los delincuentes. Su esposa, una catalana de 76 años, fue encerrada en el baño de la finca. Los dos ladrones habían sometido a vigilancia la casa del matrimonio, y conocían sus movimientos. Kurt, a las nueve de la mañana, desconectó la alarma para salir a recoger el diario del buzón, y fue entonces cuando los dos uruguayos aprovecharon para asaltarlo. Buscaban dinero, y torturaron al septuagenario para que dijera donde guardaba sus ahorros. Finalmente, los dos ladrones huyeron sin el botín y dejaron malherido al suizo, que pudo arrastrarse hasta el baño, abrir la puerta y liberar a su mujer. La señora pidió ayuda y Kurt fue hospitalizado. El día 1 de enero falleció en el hospital de Son Espases.
Tras el asalto y la muerte del empresario, Jorge confesó los hechos a una ex novia suya y después huyó de Mallorca. La Guardia Civil localizó al otro sospechoso, Cristian Silva, y lo detuvo. En su declaración, el uruguayo negó los hechos, pero parece ser que había pruebas concluyentes contra él y la jueza de Inca ordenó su ingreso en prisión. Ahora, todos los esfuerzos policiales se centran en localizar al otro uruguayo que huyó a Chile.
9 comentarios
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Estimado "juardia sivil": si es vd. más tonto, revienta. Cambiando de lamentable tema, efectivamente, la indolencia judicial y penal de este país es legendaria.
En España las leyes están para proteger a los delincuentes. ¿Cuántas veces hemos leído “El delincuente, que ya lleva 50 o 100 detenciones anteriores, fue presentado ante el juez? No tiene ningún sentido que ningún político cambie estas absurdas leyes (a menos que no les interese por si algún día los pillan metiendo mano a ellos mismos...). No harán nada hasta que empecemos a hacer manifestaciones para que cambien estas absurdas leyes. Los políticos hablan mucho de crear empleo, pero uno de los motivos que frenan a los emprendedores, precisamente es ver la gran inseguridad que hay en nuestro país, con unas leyes que permiten por ejemplo robar en los supermercados hasta una cierta cantidad y no les pasa nada. Es totalmente vergonzoso saber lo que están cobrando los políticos y ver que ninguno cambia las leyes para resolver este problema. Menos rollos y discursos inútiles, y más efectividad.
España..., sueño y meta alcanzable para toda la chusma delincuenteril del mundo mundial, y nosotros, su premio, víctimas fáciles y sin riesgo alguno para ellos, saben que son intocables.
No veas con la benemérita, custodian a una mujer suiza y ésta le corta la garganta al niño, y luego informan de que un tipo se ha ido pero nadie lo detiene en el aeropuerto... este país es de pandereta.
Más valdría que las personas que velan por la seguridad de los aeropuertos de Baleares, fuesen destinadas a limpiar el monte o ha ayudar a los ancianos a cruzar la calle. Dentro de este colectivo humano, los que se encangan de comprovar la identidad de los pasajeros, deberían dedicarse a vender cupones de la ONCE.
Luego resulta que las fuerzas de seguridad son muy competentes, pero no somos capaces de retener a un delincuente en una isla.
Dice el artículo: "Las diligencias las instruye una jueza de Inca". Apaga y vámonos, habrá tenido tiempo de dar la vuelta al mundo.
Arruix!!! Per un que sen va..... Que no torni i el jutgin per alla.
Es de lógica y de sístema que el inculpado sea reclamado y sentenciado en España. Pero tánto gasto... Lástima que en España, y en Uruguay, su país de bandera, no existan las leyes como en Alemania, Holanda o Dinamarca: los nacionales pueden ser sentenciados en su país también por delitos que hayan cometidos en el extranjero.