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Los abogados defensores de los imputados en el caso de presunta corrupción en la Policía Local de Palma se han negado este miércoles a participar en un interrogatorio a las testigos protegidas que han denunciado conexiones corruptas con proxenetas y políticos por considerar que se generaba indefensión a sus clientes.

La jueza que instruye el caso, Carmen González, ha citado esta tarde a todas las partes para que participaran en una prueba testifical con el propósito de que tuviera validez en un futuro juicio en caso de que entonces no se pudiera contar con la presencia de las testigos.

Los letrados que representan a los imputados han considerado irregular esta prueba porque para prepararla solo han tenido a su disposición 60 folios de un sumario declarado secreto que acumula ya 11.000, según han indicado a su salida de los juzgados de Palma.

Varios abogados han indicado que, en caso de que la jueza de instrucción y el fiscal hayan vuelto a recabar el testimonio de las testigos, se opondrán a que sus declaraciones tengan validez probatoria en caso de que no sean ratificadas en una vista oral.

Han incidido en que no pueden realizar adecuadamente su trabajo de defensa si no pueden estudiar todo el material relativo a sus clientes que se recoge en el sumario.

Testigos

Las testigos protegidas citadas este miércoles han declarado previamente a los investigadores que durante años los policías avisaron con antelación a los dueños de varios locales de alterne de la zona de la Playa de Palma cuando se iba a producir una inspección e hicieron la vista gorda ante la presencia de prostitutas menores de edad y en situación ilegal en el país, entre otras irregularidades.

Una de las testigos, que ejercía la prostitución en un local de la Playa de Palma, señaló en su declaración ante la jueza que al establecimiento acudían alcaldes de Mallorca cuyos municipios desconocía, otros políticos y jefes de policía, para quienes se abría el club mucho antes de la hora habitual.

La mujer reconoció a varios de los policías habituales que tomaban copas y recibían servicios sexuales gratis, detalló que en las fiestas privadas organizadas por el dueño del club cada cargo público estaba acompañado de una prostituta y aseguró que ella misma atendió a un alcalde que posteriormente tuvo alguna responsabilidad en Madrid.

Una de las declarantes atribuye al empresario para el que trabajó abusos laborales y un trato degradante y violento hacia las mujeres que trabajaban en sus locales, e incluso una de ellas asegura que pedía chicas menores de edad.

Todas coinciden en señalar que varios policías locales iban con frecuencia a los clubes y consentían ilegalidades en ellos.

Una testigo, por ejemplo, describe la familiaridad entre un ladrón de viviendas de lujo pareja de una prostituta y un policía municipal también relacionado con ella e incluso cuenta un episodio en el que el agente, de paisano, atemorizó a un cliente mostrándole su placa policial para que le diera un porro de marihuana y le entregara 300 euros como «multa».

Armados

Otra cuenta que los policías entraban en los locales sin uniforme pero armados con pistola, califica su relación con representantes de la autoridad como de amistad de más de una década y relata que ninguna chica acudió a dependencias de Extranjería o la Seguridad Social porque ellos tramitaban su documentación e incluso les quitaban multas de tráfico.

Si bien lo normal es que no haya inspecciones en estos locales porque, según han contado las mujeres, están «protegidos», varias cuentan cómo policías locales avisaban a los responsables de uno de los clubes en la víspera de que la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo realizaran una operación, lo que les permitía eludir las sanciones por emplear a mujeres sin permiso de residencia y otras irregularidades.

Una de ellas relató a la jueza una inspección ocurrida en el verano de 2012 en uno de los locales, cuyo operativo se desmontó después de que el dueño hablara dos o tres minutos con los inspectores en el almacén.

Un camarero del local de alterne más mencionado en las declaraciones, también testigo protegido , incidió en que había agentes municipales a los que tenía orden de no cobrar las consumiciones y que tampoco pagaban por los servicios sexuales.

Varios policías han admitido ante la jueza haber trabajado en seguridad en locales nocturnos de la Playa de Palma, el Arenal, Magaluf y el Paseo Marítimo y han detallado que uno de los agentes implicados era quien llevaba el cuadrante de la vigilancia en dichos establecimientos y además colocó las cámaras de seguridad de varios locales de alterne.

Otro agente compatibilizaba su trabajo de policía con el de corredor de seguros para los locales de alterne, además de cobrar por gestionar la limpieza y las máquinas de tabaco, y un tercero instalaba el aire acondicionado.

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