Ocho detenidos por explotar a inmigrantes ilegales que traían desde Nicaragua

Los ocho detenidos ya han ingresado en prisión y la operación continúa abierta.

La investigación se inició al detectar la Policía Nacional de Manacor un sustancial incremento de nacionales de Nicaragua en esa población. Los hechos fueron puestos en conocimiento de los investigadores de dicha Comisaría que comunicaron sus sospechas a la U.C.R.I.F., de la Jefatura Superior de Policía de Palma, por lo que se iniciaron las pesquisas en una investigación conjunta de ambas plantillas.

Los agentes constataron cómo un reducido grupo de individuos habían formado una estructura criminal que se dedicaba a la captación en Nicaragua de personas que con pocos recursos económicos y ganas de mejorar su situación de precariedad, estaban dispuestas a venir a España a trabajar. A cambio, contraían una deuda que aseguraban con una hipoteca de todas sus propiedades en aquel país. Ello se hacía a través de un poder notarial ponían todas éstas en manos del cabecilla de la organización. Las víctimas eran casi todas originarias en su mayoría de las localidades de Boaco y Managua, lugares en las que la organización tenía importantes influencias, explica la nota de prensa difundida por la Policía.

Una vez captadas eran asesoradas en todo el proceso por el que debían pasar: la compra de billetes, siempre con varias escalas y los mismos destinos: Panamá- México- Francia- Barcelona- Mallorca. También se adquirían los billetes siempre en la misma agencia de viajes donde la organización tenía otro contacto. Del mismo modo se reservaban hoteles que en algunos casos eran anulados, y se les prestaba la cantidad de dinero mínima que debían acreditar en frontera y que naturalmente a su llegada era inmediatamente devuelto, todo ello con la finalidad de simular su entrada en el país como turistas. Igualmente eran asesoradas para evitar los controles fronterizos, y en su caso, cómo debían responder ante un chequeo policial.

Una vez en territorio español, la organización mantenía a las víctimas en los domicilios de los cabecillas ahora detenidos. Tras un periodo de estancia más o menos corto eran reubicadas en otros domicilios, generalmente trabajando como empleados de hogar. Todo ello de manera fraudulenta, puesto que carecían de permisos de residencia legal y de autorizaciones para trabajar.

La deuda adquirida a cambio del viaje era totalmente desproporcionada, se aplicaban unos intereses abusivos que podían llegar a un 36 por ciento anual, por lo que resultaba más beneficioso para la organización que las víctimas no pudiesen pagar. De este modo ejecutaban las hipotecas realizadas en Nicaragua a través de los poderes notariales que habían firmado a favor de la organización ahora desmantelada.