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El juez que investiga una trama de presunta corrupción en la Policía Local de Palma cree que los agentes involucrados actúan «como una auténtica organización criminal », extorsionando y coaccionando a empresarios de ocio, y protegidos « por mandos policiales y ciertos cargos políticos ».

En el auto de prisión dictado la noche de este martes por el juez de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, que mandó a prisión a cinco policías que habían sido detenidos el pasado domingo, el magistrado apunta la existencia de «muy serios indicios» de que la trama investigada actuaba por intereses particulares y con impunidad desde hace «muchos años».

El magistrado describe las sospechas de que agentes de las unidades policiales Patrulla Verde y Grupo de Acción Preventiva (GAP) dieron trato de favor a algunos empresarios de ocio de zonas como la plaza Gomila, el Paseo Marítimo y la Playa de Palma, mientras extorsionaban, coaccionaban y amenazaban a otros.

Califica a los agentes investigados como «auténticos maestros y paradigma del engaño, la manipulación, la mentira y la ocultación y alteración de pruebas».

El magistrado cree que, mediante un «uso torticero y arbitrario del poder», coaccionaron e intimidaron a empresarios de ocio en beneficio propio, para obtener dinero en efectivo - con pagos semanales de hasta 500 euros -, hacer distintos negocios y beneficiarse de prebendas como sexo en clubes de alterne, comida y alcohol gratis.

Los que no accedían a sus exigencias fueron «sometidos a una constante presión policial» injustificada, con numerosas inspecciones y apertura de actas sin motivo.

El auto recoge que varios testigos coinciden en que algunos agentes requisaban drogas, se las quedaban y no dejaban constancia en ningún acta.

El juez apunta también la connivencia con empleados públicos del Ajuntament que habrían cobrado para retirar precintos policiales y conseguir licencias de actividades.

En esta causa se investigan presuntos delitos de uso de información privilegiada, solicitud de favores sexuales, extorsión, amenazas, coacciones, asociación ilícita, pertenencia a organización criminal, agresión sexual, falsedad, negociaciones prohibidas, cohecho, contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, obstrucción a la justicia y encubrimiento.

Sobre la investigación de la presunta filtración de los exámenes de una oposición a oficial de la Policía celebrada en mayo de 2012, de la que se habrían beneficiado tres agentes que ascendieron, el juez detalla que la finalidad de dicha filtración era «ascender en el escalafón policial a determinados agentes de policía corruptos».

Según Penalva, el objetivo era «la perpetuación en el tiempo de la trama delictiva que además actúa protegida por mandos policiales y ciertos cargos políticos» y «crear una estructura corrupta» o bien que fuera dócil y maleable, «desde la base hasta la cima de la pirámide delicuencial», que les permitiera «actuar con absoluta impunidad».

El magistrado considera que la investigación ha dejado en entredicho la actuación de los mandos policiales a quienes achaca « apatía, aquiescencia o complicidad » con unos subordinados que actúan «con la absoluta convicción y seguridad de que pueden cometer delitos impunemente».

Cita varios episodios ocurridos desde que se abrió la causa en 2014 que califica de «esperpénticos» y que considera ilustrativos «del grado de corrupción que impregna a toda una institución policial».

Los policías honrados que cuestionaban internamente lo que ocurría o incluso denunciaban las prácticas «han sido perseguidos, vilipendiados, amenazados y coaccionados », afirma el juez, que indica que han sido objeto de maltrato profesional e incluso falsamente denunciados.

Detalla además lo ocurrido con un imputado, que tiene una orden de alejamiento en vigor hacia otro agente denunció la corrupción, pero acudió al cuartel de la Policía Local quebrantando la medida cautelar.

Según el juez, el comisario Antoni Morey favoreció y encubrió a dicho agente imputado al afirmar que él había requerido su presencia en el cuartel y cometió «una clara falsedad documental» en un informe que remitió al juzgado sobre dicho episodio «mintiendo descaradamente».

También reprocha la actuación del comisario jefe de la Policía Local, Joan Mut, por no haber detenido a un imputado que profirió amenazas hacia el fiscal del caso y la jueza que inició la instrucción y por haber trasladado de su puesto «por presiones» a un agente denunciante de la corrupción.

Al comisario Rafel Estarellas le reprocha dar órdenes para que se archivaran numerosas incidencias disciplinarias de otro investigado e impedir que los hechos objeto de la causa sean realmente investigados.

El juez justifica la prisión provisional sin fianza para cinco de los policías detenidos para evitar la reiteración delictiva y proteger a las víctimas de los delitos. En el auto señala también su sospecha de que los imputados en libertad provisional «tratan de alterar, manipular, destruir u ocultar las pruebas».

Este miércoles han comparecido ante el juez otros cuatro policías detenidos el domingo.

Pasan a disposición judicial los últimos cuatro policías detenidos

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