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El juez Manuel Penalva ha dictado prisión provisional sin fianza para los dos policías detenidos este miércoles, el agente de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) e histórico portavoz del sindicato policial CSIF, Jaime Garau, y el actual jefe de la Patrulla Verde, el oficial Feliciano Franco.

Ambos fueron detenidos este miércoles a instancias del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán en relación a la investigación de la trama de corrupción en la Policía Local de Palma, y puestos a disposición judicial la mañana de este jueves.

A Feliciano Franco se le imputan los delitos de de negociaciones prohibidas, coacciones, asociación ilícita, organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, extorsión, amenazas y encubrimiento. Mientras que a Jaime Garau se le acusa de obstrucción a la justicia.

Los arrestos se produjeron después de que el juez instructor de las pesquisas, Manuel Penalva, acordara prorrogar un mes más el secreto que pesa sobre las actuaciones mediante un auto en el que advierte de que las pesquisas están arrojando nuevos datos, «algunos de ellos escalofriantes» y «reveladores de la comisión de múltiples y a veces complejos delitos por personas con conexiones a distintos niveles».

En el caso de Garau, fuentes de la investigación informaron de que su detención se produjo a raíz de las supuestas amenazas vertidas contra otros efectivos policiales de cara a obstruir las investigaciones.

De hecho, un policía local que la pasada semana declaró como testigo ante el magistrado, en su caso por el presunto amaño de las oposiciones a oficial llevadas a cabo durante la pasada legislatura -lo que derivó posteriormente en las pesquisas en torno a otras conductas corruptas en forma de extorsiones- apuntó a las amenazas proferidas por Garau, a quien llegó a calificar como «portavoz a la sombra de todos los imputados».

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En su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, el testigo aseveró que si bien él no se ha sentido amenazado por el agente y representante del CSIF, sí considera que otros efectivos policiales sí han podido sentirse intimidados ante las advertencias del anterior policía.

El declarante recordó cómo en una sala del cuartel de la Policía Local oyó a Garau realizar «ciertos comentarios» en los que supuestamente advertía a otro agente de que tuviera cuidado con lo que decía ante el juez y de que se querellaría contra todos aquellos que declarasen en contra de determinados imputados.

Testigos aterrorizados

Mientras tanto, el juez, en su última resolución judicial, señalaba que la Fiscalía ha abierto diligencias informativas en torno a las supuestas advertencias de algunos de los agentes encausados. «Lo cierto y verdad es que muchos testigos no es que tengan miedo, es que están aterrorizados», recalca.

El magistrado, quien ha ordenado los nuevos arrestos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, alude no sólo a las presuntas amenazas recibidas por uno de los fiscales anticorrupción y la magistrada que anteriormente se encargaba de las pesquisas «con la finalidad clara de intimidarles», sino también a varios testigos de las investigaciones.

Entre los episodios a los que alude, añade que un agente «fue perseguido y amenazado por una 'banda de rumanos' hasta el punto de que le hicieron temer por su vida», persecuciones «padecidas» asimismo «por un buen número de policías honestos». Asimismo, otro exjefe policial, Joan Mut, con la «aquiescencia» del entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, habrían acordado «inexplicablemente» imponer una medida cautelar disciplinaria contra uno de los denunciantes de los hechos.

Hasta siete efectivos policiales se encuentran en prisión provisional sin fianza a raíz de estos hechos, en los que el juez advierte del «uso frecuente de la coacción, la amenaza y la intimidación por parte de numerosos agentes de la Policía Local, algunos ya imputados o condenados por la comisión de graves delitos cometidos incluso en el seno de peligrosas organizaciones criminales».