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Unos veinte empresarios han acudido al juez de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, desde que comenzó la investigación por presunta corrupción a Bartolomé Cursach para reclamar por los daños y perjuicios que presuntamente les ha ocasionado el propietario de las mayores discotecas de Mallorca.

En el marco de esta investigación, el juez investiga si las empresas del grupo Cursach fueron beneficiadas por policías y funcionarios, así como presuntas presiones a empresarios de la competencia en forma de amenazas, acoso e incremento de las inspecciones y sanciones, para apropiarse de sus negocios a bajo precio.

Desde que empezó la investigación, varios empresarios han denunciado haber sido víctimas de estas prácticas, las han relatado ante los investigadores y además han reclamado los daños económicos sufridos, han informado fuentes jurídicas.

Esas reclamaciones podrían abarcar desde inversiones perdidas y sueldos hasta lucro cesante por potenciales ingresos frustrados.

La Agencia Tributaria realizará un informe para cuantificar el patrimonio de Cursach, que está en prisión preventiva comunicada desde el pasado 3 de marzo, en previsión de un posible embargo. El Juzgado de Instrucción y la Fiscalía Anticorrupción deberán calcular la cuantía del posible perjuicio ocasionado por Cursach.

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En el auto en que el ordenó la prisión sin fianza para el propietario de negocios como las discotecas BCM, Tito's, Pachá de Palma y MegaPark, el juez destacó la «extraordinaria capacidad económica» del Grupo Cursah.

El instructor indicó que el hecho de que el empresario tenga también intereses e inversiones en países no europeos aumenta el riesgo de fuga, que «ni siquiera la fijación de una fianza, por elevada que ésta fuera, permite conjurar».

En ese auto, el juez calificó al conglomerado empresarial como «grupo criminal y pseudomafioso» que actuaba como una «organización criminal» mediante «un control total sobre los agentes y mandos policiales, quienes presionaban, coaccionaban, perjudicaban o reprendían a los agentes que legalmente actuaban contra algún establecimiento» de su propiedad tanto en Palma como en Calvià.

El magistrado indaga si varios agentes de la Policía Local investigados acosaban a los locales de la competencia mediante inspecciones y en cambio preavisaban de estas actuaciones a los negocios de Cursach y además retiraban las actas que se les abrían, a cambio de presuntos cohechos y prebendas.

Este lunes han comparecido ante el juez varios de los agentes investigados y se han acogido a su derecho a no declarar.