La Guardia Civil ha desarticulado una trama que usurpaba propiedades inmuebles para su posterior venta, tras detener a 17 personas, una de ellas en Palma, entre las que figuran dos notarios, así como abogados, gestores inmobiliarios y funcionarios del Catastro.
Según ha informado hoy la Guardia Civil en un comunicado, los 17 detenidos, 11 hombres y 6 mujeres, fueron arrestados en Gran Canaria Lanzarote, Fuerteventura, Palma y Ávila entre los pasados mese de febrero y marzo y han sido puestos en libertad y pasado a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha coordinador la operación.
La desarticulación de esta trama, denominada «Atino», se ha llevado a cabo por la policía judicial de la Guardia Civil, tras denunciar en 2015 una persona un intento de usurpación de una propiedad ubicada en Fuerteventura mediante la alteración de los datos catastrales, al conocer la operación «Lindes» que se saldó con la detención de tres funcionarios del Catastro en Las Palmas de Gran Canaria.
A los investigados en esta trama se les atribuye delitos de falsedad documental, integración en grupo criminal, blanqueo de capitales, coacciones, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho, según la nota, que precisa que las propiedades afectadas están valoradas en más de 13 millones de euros.
Tras la citada denuncia de 2015, se detectaron irregularidades en cambios de titularidad de propiedades que efectuaba un funcionario del Catastro de la provincia de Las Palmas que colaboraba supuestamente con una gestoría dirigida por un funcionario en excedencia de este departamento, y dos ramificaciones de la trama en Lanzarote y Fuerteventura que actuaban de forma autónoma.
Según la Guardia Civil, la red redactaba documentos de compra-ventas privadas y notariales fraudulentos, al objeto de arrebatar las propiedades inmuebles (fincas rústicas en su mayor parte y también urbanas) a sus propietarios para incorporarlos al patrimonio de los integrantes o venderlos a terceros.
Para la selección de las propiedades, se estima que el grupo manejaba información privilegiada obtenida ilícitamente de bases de datos catastrales, señala la nota, que precisa que entre los perjudicados localizados figuran 23 colectivos tanto instituciones como asociaciones (familiares o del ámbito privado) y 21 particulares.
No obstante, la Guardia Civil no descarta que haya más perjudicados debido al tiempo que ha estado operando esta trama, que se ha desarticulado en cuatro fases, desde la primera operación iniciada el pasado 14 de febrero en Fuerteventura, en la que se detuvo a cuatro personas supuestamente implicadas y la cuarta y última llevada a cabo el 28 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria.
En esa primera fase, además de las cuatro detenciones, se practicaron 6 registros, dos en viviendas, otros dos en oficinas inmobiliarias y otras tantos en almacenes relacionados con los detenidos, uno en el municipio La Oliva y el resto en el de Puerto del Rosario, a los que se le intervino 4.000 euros, divisas de curso extranjero y dos vehículos.
La segunda fase se realizó el pasado 22 de febrero en la capital grancanaria, donde se detuvo a un funcionario en la oficina del Área de Rústica del Catastro de Las Palmas y a un abogado y un funcionario del Catastro en excedencia en una gestoría y se intervino diversa documentación probatoria, material informático y tres vehículos.
La tercera fase de la operación tuvo lugar el pasado 1 de marzo, cuando se detuvo a cinco de los presuntos implicados, uno en la localidad de Costa Teguise, en Lanzarote, y los otros cuatro en la de Las Palmas de Gran Canaria, si bien estaban relacionados con las irregularidades que se practicaban en la citada isla.
En la cuarta y última, se extendió durante el mes de marzo, con la detención el día 15 de una persona en Palma, relacionada con la rama de Fuerteventura y que había cambiado previamente su residencia; el 21, el arresto en Ávila, del primer notario supuestamente implicado, que había ejercido en Fuerteventura, y el 23, el segundo notario, que fue detenido en Lanzarote.
La última detención se llevó a cabo en Las Palmas de Gran Canaria, señala la nota, que precisa que la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda para desarticular esta red criminal.
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