El joven falleció tras prender fuego a su colchón en octubre de 2015 en el centro público. | Alejandro Sepúlveda

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El juez ve indicios de que la muerte de un menor de edad en Es Pinaret se produjo por una serie de negligencias y apunta a una posible responsabilidad de la exdirectora del centro y del jefe de mantenimiento. El titular del juzgado de Instrucción 9 de Palma ha dictado un auto en el que cierra la investigación y exculpa a dos antiguos gerentes del centro de menores. La muerte de Osvaldo Rodríguez Fernández, de 17 años de edad, se produjo en octubre de 2015. El joven prendió fuego al colchón de su habitación. El incendio fue detectado cuando ya era tarde. El cuarto se había incendiado casi por completo y el joves falleció asfixiado antes de poder ser trasladado a un centro hospitalario. Tres trabajadores del centro también sufrieron intoxicaciones al intentar rescatar a la víctima.

Los motivos por los que el juez mantiene abierta la causa por un posible homicidio imprudente se basan en la no aplicación al joven de un protocolo anti sucidios y por el funcionamiento de las medidas contra incendio del centro. El detector de humos no funcionó correctamente y, según certificó la Guardia Civil, llevaba roto algo más de un año. Los agentes que intervinieron también detectaron la posible falsificación de la firma de un ingeniero en un documento relativo a la seguridad del centro. El fallo en el sistema de detección retrasó, según el auto, la reacción de los monitores del centro que, además se encontraron con dificultades a la hora de abrir la puerta de la habitación en la que estaba la víctima.

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El juez ha dado traslado a Fiscalía para que presente escrito de calificación provisional y acuse a los dos imputados. En el mismo escrito se descartan resposabilidades en la actuación de los gerentes del centro: el que estaba en ese momento al cargo y su antecesor. El Govern, por su parte, aprobará este viernes en su reunión semanal el inicio del trámite para hacer efectiva la indemnización acordada con la familia del menor.

La Conselleria ha informado de que, si bien se llegó a un acuerdo con la familia, el pago aún no se ha hecho efectivo. Asimismo el ejecutivo permanece personado como responsable civil subsidiario.