En un auto dictado este lunes, la sección primera del tribunal provincial ha acordado desestimar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Cursach contra la resolución del pasado noviembre en la que se prorrogaba la prisión preventiva, si bien una de las magistradas ha formulado un voto particular por discrepar del parecer mayoritario de la sala.
El tribunal considera que se mantiene el riesgo de fuga «atendiendo a la extraordinaria capacidad económica del investigado».
La defensa de Cursach alegó, entre otras cuestiones, que discrepa de los delitos que se le imputan, que lleva 9 meses en prisión, no tiene relación con los actos de intimidación y coacción a testigos de la causa y que no hay riesgo de fuga ante la exposición pública de la imagen de Cursach y dado que desarrolla su actividad empresarial en Mallorca desde hace 50 años, donde tiene esposa, hijos y un nieto.
La Fiscalía se opuso a su puesta en libertad ante la existencia de un entramado criminal organizado por el empresario investigado, así como por riesgo de fuga dada su capacidad económica y porque se han dictado dos condenas por obstrucción a la Justicia en el marco de esta causa, una de ellas contra un sobrino suyo.
El tribunal considera que persiste «el riesgo de alterar las fuentes de prueba» y de que presione a los testigos de la causa y menciona que las dos sentencias condenatorias por obstrucción a la justicia en dos subpiezas derivadas de este caso han sido contra personas que mantienen una de ellas lazos familiares y la otra laborales con Cursach.
La sala indica que, aunque Cursach no ha sido investigado por ninguno de dichos hechos, «a quien beneficia» ese tipo de actuaciones es al empresario.
«El riesgo más grave al que se enfrenta en la actualidad la instrucción se refiere a la necesidad de proteger la propia instrucción de la causa», afirma el tribunal en el auto.
En cuanto al riesgo de reiteración delictiva, la sala considera que se ha visto mitigada con el paso del tiempo y la presión mediática sobre el caso, pero no cree que haya desaparecido por completo.
El tribunal entiende que se mantiene el riesgo de fuga «atendiendo a la extraordinaria capacidad económica del investigado», a que cuenta con contactos e intereses profesionales en otros países y a la «amenaza penológica» a la que se enfrenta Cursach por los delitos por los que es investigado.
En su voto particular,la jueza Samantha Romero considera mitigado el riesgo de fuga atendiendo a la falta de previsión de la finalización de la instrucción junto con los vínculos familiares y empresariales «sólidos» que mantiene Cursach en Mallorca.
La magistrado señala además que no considera «delimitados» los indicios en los que se sustenta la participación del empresario en actos de hostigamiento a testigos porque no ha sido acusado en los procedimientos incoados por obstrucción a la Justicia.
Añade que los vínculos familiares o laborales de Cursach con los encausados por esos presuntos delitos «integrarían la consideración de mera sospecha y no de indicio suficiente para asentar el mantenimiento de la medida cautelar».
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