A la espera de escuchar el interrogatorio, la Fiscalía pide multa de 1.600.000 euros para Rebo y de 26.000 euros para Khazine, y aprecia en el caso de este último la atenuante de dilaciones indebidas dado que el acusado ha estado a disposición de la Justicia desde su detención en 2008, en el marco de la operación 'Troika'.
Las defensas de los acusados han pedido al tribunal en este primer día dedicado a cuestiones previas la absolución de los miembros de la red, que operaba en España desde 1996, y la nulidad del escrito de acusación alegando que la Fiscalía no concreta sus acusaciones en el mismo y que ha hecho un «corta-pega» del atestado de los investigadores.
En respuesta, los fiscales del caso José Grinda y Joan Carrau, han respondido que las actuaciones están concretadas en su escrito de acusación provisional de cerca de 500 páginas y que el hecho de que se les mencione en más o menos ocasiones no implica menor rigor del Ministerio Público.
En el caso del expresidente de la Comisión Parlamentaria de Instituciones de Crédito y Mercados de la Duma, Vladislav Matusovich Reznik, el fiscal ha respondido a su abogado que para no conocer los hechos ha articulado «un complejo escrito de defensa de más de 45 folios», lo que demuestra que sí sabe de lo que se le está acusando.
Juicio conjunto pase a la ausencia del líder
Algunas defensas, como la de Juan Antonio Untoria, han pedido la nulidad de la vista ante la ausencia del 'capo' Gennadios Petrov -sobre el que pesa una orden internacional de detención- y sus principales lugartenientes: Alexander Ivanovich Malyshev y Olga Solovyeva. En su turno, el fiscal Grinda ha recordado que no es la primera vez que ocurre y que si se hubiera seguido esa línea, no se hubiera enjuiciado ni a la banda terrorista ETA.
El Ministerio Público, que rechaza que se vulnere la tutela judicial efectiva de los procesados, ha solicitado igualmente al tribunal que tres de los agentes responsables de la investigación comparezcan en calidad de peritos al intervenir en la redacción de los informes de Inteligencia, cuestión que han rechazado de forma unánime los abogados de los acusados.
Según la Fiscalía, -que ejercía acusación contra 26 personas- el grupo criminal estaba integrado por individuos con antecedentes penales procedentes de Rusia, a quienes se unieron otros originarios de Estados Unidos, Suiza y otros países de la Unión Europea, que se establecieron en Baleares y la zona del Levante y la Costa del Sol.
Entre otras actividades, la red se dedicaba al asesinato, al tráfico de armas, la extorsión, la estafa, las falsedades documentales, el tráfico de influencias, el cohecho, las negociaciones prohibidas, el contrabando, el trafico de drogas, la «descapitalización» fraudulenta de sociedades, así como a llevar a cabo delitos contra la Hacienda Pública, dirigir amenazas y dar «palizas por encargo».
Hechos juzgados
La defensa de Jurij Mihalovic Salikov, ha solicitado al tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que se declare causa juzgada al haber sido condenado por estos hechos y haber entregado su defendido 27,5 de euros a Hacienda en los ejercicios relativos a 2001, 2002 y 2003, según ha dicho al arranque del juicio.
En su exposición ante el tribunal, el letrado de Mikhail Rebo ha pedido que este declare primero debido sus problemas de salud y que se le libre de acudir a juicio si finalmente alcanza acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal. La representación procesal de Antonio de Fortuny ha pedido su absolución también por problemas de salud, que le impedirían prestar una declaración como investigado de calidad, hechos varios a los que no se opone la Fiscalía.
La magistrada presidenta del tribunal, Ángeles Barreiro, ha suspendido la sesión de este lunes y comunicará su decisión sobre estas cuestiones previas en la sesión de mañana, cuando está previsto que comience a tomar declaración a los primeros acusados.
Entramado de empresas criminales
De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, el rendimiento económico que generaban a los acusados tales actividades criminales era canalizado en España con la ayuda de asesores jurídico-financieros que trabajaban casi en exclusiva para la organización, hasta que se integraron en la «poliédrica» estructura de la 'Tambovskaya-Malyshevkaya'.
En el banquillo de los acusados se sientan Jurij Mihalovic, Svetlana Vassiljeva, Juan Antonio Untoria, Ioulia Kasimirovna, Valdislav Matusovich, Diana Guindon, Andrey Malenkovich, Olena Boyko, Leonid Khazine, Mikhail Rebo, Leocadia Martin, Ignacio Pedro Urquijo, Julián Jesús Ángulo, Zhanna Gavrilenkova, Francisco Ocaña, Kiril Yudashez, Antonio de Fortuny y Vadim Romaniuk.
Respecto a las personas jurídicas, los fiscales acusan a las empresas Centro Comerciales Antei; Inversiones Gudimar; Inmobiliaria Balear 2001, Inmobiliaria Calviá 2001, Inversiones Tarin, Subnstar Inversiones, Vortep Incor, Dima Incorp, Inversiones Sarki, Sociedad de Desarrollo Internacional 2001, Casasol Investmentm, Louys Properties, Tomillo Inversiones, Namur Properties, Ken Española de Inversiones, Inversiones Finanzas Inmuebles, AVC Consultores, Peresvet y Xorairan.
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