Agentes policiales a su salida este martes del Ayuntamiento madrileño de Torrelodones. | Efe

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Al menos 35 personas han sido detenidas hasta las 14.30 horas de este martes en el marco de la 'operación Enredadera' que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por el amaño de contratos de diferentes aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios, según han informado fuentes policiales conocedoras de la investigación.

La Fiscalía ha informado de «detenciones de diversas autoridades y funcionarios», sin dar detalles de los mismos. Las citadas fuentes han señalado que entre los detenidos hay cargos del PP y el PSOE, así como el primer alcalde de Ciudadanos arrestado por un caso de corrupción: se trata del regidor de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez.

Entre los detenidos e investigados figuran también otros cargos vinculados con la formación naranja como Sadat Maraña, asesor en la Diputación de León, y el portavoz en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y diputado provincial, Juan Carlos Fernández. La dirección de Ciudadanos ha anunciado que suspenderá de militancia a las personas investigadas que deberán declarar ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que dirige la macrooperación.

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También han sido detenidos el empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro de la trama del 'caso Gürtel', y José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de Unijepol, una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España, según las citadas fuentes. En su web, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local se anuncia como una asociación de carácter nacional que agrupa a jefes y mandos de cualquier categoría de los Servicios de Policía Local.

Los hechos investigados en la 'operación Enredadera', según una nota de prensa de la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Al frente de la investigación, que continúa abierta, se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.

Esta empresa, según Anticorrupción, «habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local». Fuentes de la investigación han informado a primera hora de este martes que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.