Entre 2015 y 2023 la entidad disfrutó gratuitamente, y gracias al gobierno de José Ramón Bauzá, de un espacio de Cort cedido al Govern. En la foto se ve la placa del edificio Casal Ernest Lluch, donde tenían el local. Ahora, dicen tenerlo en Son Rapinya. | JAUME MOREY

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La concesión de la Casa Real para que la Acadèmi de sa Llengo Baléà ostente de forma oficial el título ‘Real’ ha propiciado una defensa unánime de la unidad del catalán por parte del Govern y del sector académico. «Aquí hay una lengua propia, que es el catalán, propia de Balears, y el Govern no discute lo que dispone el Estatut ni tampoco la unidad de lengua», afirmó este viernes el portavoz y vicepresidente balear, Antoni Costa, preguntado por este asunto tras el Consell de Govern. El ‘popular’ admitió que la información de la cual disponían sobre esta cuestión era «mínima», por lo que no pudo avanzar si harán algo al respecto.

El presidente de la Real Academia Mallorquina de Estudios Históricos, Genealógicos y Heráldico, Román Piña, tras la decisión de Zarzuela, admitió sentirse «estupefacto». «En Madrid tendrían que tener la suficiente inteligencia para darse cuenta de que no se puede dar un título ‘Real’ sin que una academia tenga una trayectoria consolidada. La nuestra, que es la tercera de Balears en ostentar este honor, nació en 1951 y tuvimos que demostrarlo con mucha documentación para obtener el título en 2003», explicó a este diario.

Piña recordó que las academias, que solo se pueden constituir como tales con el beneplácito del gobierno autonómico, deben de estar formadas por doctores universitarios. «Este grupo, ¿qué doctores tiene?¿Qué gente experimentada lo compone?», se preguntó, y añadió que la decisión de la Casa Real «políticamente es una vergüenza». Por otra parte, Piña, que cree que «históricamente hay una literatura y una lengua mallorquina», rechazó los postulados de esta organización, que defienden la existencia del balear, una lengua inventada no reconocida por la academia ni la ciencia lingüística internacional.

«No tenemos constancia de que esta academia exista; la normativa en materia lingüística no se ha modificado ni una coma y el tratamiento que se le da a esta entidad es como a un club de fútbol o una cofradía. No tenemos nada que decir sobre este asunto». Así de claro se expresó Nicolau Dols, presidente de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) y catedrático de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears (UIB), máximo órgano consultivo en la comunidad en los temas referidos a la lengua.

De hecho, en estos mismo términos se mostró el jurista y presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés. «Según el Real Decreto 3118/1976, el Institut d’Estudis Catalans es la autoridad académica legalmente reconocida y su ámbito de actuación comprende todos los territorios de lengua catalana», recordó, añadiendo que, según el artículo 35 del Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la UIB es el organismo referente sobre temas lingüísticos. «Dar carta de naturaleza por parte de la Casa Real a un grupúsculo marginal y acientífico, próximo a la extrema derecha, resulta sencillamente esperpéntico», concluyó Llabrés.

La Plataforma per la Llengua criticó la decisión de Zarzuela porque promueve la secesión lingüística, que es «la pretensión de que las diferentes variantes del catalán son lenguas diferentes para dividir, enfrentar y desapoderar a sus hablantes». «A pesar de ser algo acientífico y contrario al consenso filológico, se ha practicado en el País Valencià, donde se ha explotado la denominación histórica del valenciano para dividir», dijeron, alertando que se busca lo mismo en las Islas.

El apunte

Sin respuesta de Zarzuela sobre la decisión tomada

Ultima Hora se puso en contacto con el servicio de Comunicación de la Casa Real para conocer los motivos por los cuales se decidió otorgar el título ‘Real’ a una entidad que defiende postulados contrarios al consenso académico y de la ciencia lingüística internacional. En el momento del cierre de la edición del viernes, no se obtuvo una respuesta por parte de Zarzuela, que requirió tramitar por escrito la consulta. Desde que se supo la noticia, han sido muchos los políticos y lingüistas que han criticado la decisión.