En el auto, fechado el día 20 de septiembre, el magistrado acuerda abrir juicio oral contra Boza por los delitos de robo con violencia e intimidación y de lesiones del Código Penal. En este sentido, el juez instructor declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa al Juzgado de lo Penal de Sevilla que por turno corresponda, en atención a que la pena no excede de cinco años de prisión.
Igualmente, el instructor ratifica la medida cautelar de prisión acordada contra Boza mediante auto de 2 de agosto, ya que «no ha variado las circunstancias que determinaron en su momento» el establecimiento de dicha medida cautelar.
De otro lado, requiere a Boza para que, en el plazo de un día, preste fianza en cantidad de 594,32 euros «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele, con el apercibimiento de que de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».
LA FISCALÍA PIDE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN
Cabe recordar que, en su escrito de acusación, la Fiscalía de Sevilla solicita para Boza cuatro años de cárcel por un delito de robo con violencia e intimidación y el pago de una multa de 300 euros por un delito leve de lesiones, así como que, en concepto de responsabilidad civil, pague una indemnización de 232 euros a un vigilante que resultó lesionado.
El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, procesó a Boza al entender que existen «indicios racionales» de que habría cometido supuestamente un delito de robo con violencia con resultado de lesiones y utilización de instrumento peligroso.
LOS HECHOS
En el relato de los hechos, el fiscal señala que Ángel Boza, sobre las 19,15 horas del pasado 1 de agosto, acudió al centro comercial El Corte Inglés de la Plaza del Duque de la Victoria de Sevilla, donde, «con la intención de hacerlas suyas sin abonar su importe, se apoderó, tras arrancar el dispositivo de seguridad que llevaban colocado, de un par de gafas de sol, cuyo precio de venta al público era de 148 euros».
A continuación, se dirigió a la zona de parking, donde tenía estacionado su vehículo, con el fin de abandonar las instalaciones, estando localizado en todo momento por el servicio de seguridad del establecimiento.
«Como quiera que el acusado fue seguido en el interior del aparcamiento por uno de los vigilantes, encontrándose ya a bordo de su turismo, de la marcaO pel Astra, y dispuesto a abandonar el parking, fue requerido por un segundo vigilante, que le esperaba al final de la rampa de salida, para que detuviese el vehículo, momento en que aquél, con la intención de conseguir huir en poder de las citadas gafas de sol, aceleró bruscamente, golpeando a este segundo vigilante en la cadera, consiguiendo darse la fuga, no sin antes golpear en una mano aun tercer vigilante cuando este se interpuso en su trayectoria con el mismo objetivo que de el acusado detuviera su marcha», explica la Fiscalía en su escrito.
En su relato de los hechos, el fiscal señala que Boza, poco después, tras circular por diversas calles, fue interceptado por efectivos de la Policía Local en la avenida Menéndez Pelayo de la capital, siéndole intervenidas las gafas sustraídas sin daño alguno.
Como consecuencia de su acción, uno de los vigilantes sufrió contusión a nivel de pared abdominal derecha con hematoma subyacente, que precisó para su curación de una primera asistencia facultativa, y que le supuso siete días de perjuicio personal básico, uno de los cuales fue de pérdida de calidad de vida moderada.
El pasado 25 de septiembre, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado contra la resolución en la que el juez de Instrucción número 16 ratificó la prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado acordada por auto de 1 de agosto.
El tribunal ponía de manifiesto en este auto que, «de la investigación llevada a efecto por la Policía y la investigación judicial, existe base sólida suficiente para constatar la existencia de indicios racionales de la comisión» por parte del acusado de un delito de robo con violencia y un delito leve de lesiones, una «tesis mantenida por la Fiscalía al formular escrito de acusación y por el Juzgado de Instrucción».
De este modo, la Sección Tercera de la Audiencia tenía en cuenta para ratificar la situación de prisión provisional del investigado «la naturaleza y gravedad del delito, la existencia de indicios racionales» contra el acusado y «la pena con que se le conmina (4 años de prisión, según escrito de acusación ya formulado por el Ministerio Fiscal), que pudiera condicionar la decisión de sustraerse a la acción de la justicia».
Asimismo, el tribunal valoró entonces que la celebración de la vista «será en fecha próxima», en cuyo caso «habrá que garantizar la presencia en juicio del acusado para posibilitar un proceso sin dilaciones», así como «la posibilidad de reiteración delictiva», ya que el acusado «ha sido condenado por delitos de fecha comisión 23 de mayo de 2014 y 1 de febrero de 2016».
Por todo ello, la Audiencia consideraba que la medida de privación de libertad, «en estos momentos, es adecuada y proporcional», todo ello, según subrayaba, «en atención a la gravedad del hecho (robo con violencia), pena solicitada (4 años de prisión), indicios racionales que constatan la participación del acusado-apelante, fase del procedimiento y el riesgo de reiteración delictiva», ya que «condenas anteriores no lograron evitar nueva conducta delictiva».
A LA ESPERA DE SENTENCIA FIRME DEL TSJN
Boza antes de estos hechos se encontraba en libertad provisional junto a los otros cuatro miembros de La Manada a la espera de sentencia firme por los hechos de Pamplona.
Precisamente, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha señalado para el próximo 7 de noviembre la deliberación y fallo de los recursos presentados contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que condenó a nueve años de prisión a los cinco miembros de 'La Manada' por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento cometido en los Sanfermines de 2016.
Una vez adoptada una decisión por parte de los cinco magistrados que integran la Sala de lo Penal del TSJN, la sentencia podría estar redactada, y notificada a las partes, aproximadamente un mes después.
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