Según los hechos probados, ocurridos en 2016, los padres, durante los tres meses de vida de la pequeña, dejaron de prestarle los más elementales cuidados de «forma deliberada y reiterada, siendo conscientes de que con tal falta de cuidados le podrían provocar la muerte, lo que aceptaron».
Así, la recién nacida no fue alimentada correctamente, ya que sus padres «le daban biberones que contenían una cantidad insuficiente de leche maternizada, lo que pasado un tiempo provocó en la misma un estado de malnutrición severa».
Los acusados, según la resolución, «no tenían intención de provocar la muerte de su hija, pero fueron conscientes de que le estaban proporcionando una alimentación insuficiente para que pudiera subsistir, de la situación de peligro en la que debido a ello se encontraba la menor, y también que ello podría provocarle la muerte, dada la situación de absoluta indefensión de la misma, por ser un bebé y por ser los padres las únicas personas que se encargaban de atenderla».
Pese a ello, «no les impidió continuar alimentándola de esa forma ni acudiendo a solicitar la asistencia médica, pudiendo hacerlo», ya que, «les resultaba indiferente que se pudiera morir».
Además, la menor sufrió a finales de octubre o principios de noviembre de 2016 una caída lo que le provocó un traumatismo cráneoencefálico, sin que los padres, que estaban presentes cuando se produjo, la llevaran a ningún centro sanitario para que fuese reconocida.
Por ello, la menor falleció el 10 de noviembre de 2016 en el domicilio familiar, siendo la causa fundamental de la muerte «la malnutrición severa que sufría, y la causa inmediata de una bronconeumonía provocada por la falta de alimentación». Además, según los hechos, ayudó a la muerte el citado traumatismo.
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