El empresario acusado de abusar de tres mujeres en su prostíbulo de s'Arenal se niega a declarar

Un testigo protegido, que trabajó como camarero en uno de los locales del acusado, ha declarado que «el señor Pascual mantenía relaciones con las chicas y daba órdenes de que si no se iban con él no podían bailar». El exempleado ha añadido que el empresario tenía una habitación privada en el establecimiento.

«Él tenía a unas 10 o 12 chicas especiales para él», ha indicado. «Ninguna me comentó que la obligaran a mantener relaciones sexuales».

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Dos víctimas se han negado a declarar. «No me siento capaz de declarar nada, lo siento mucho. No estoy en condiciones de decir absolutamente nada, estoy temblando y tengo ganas de vomitar», ha comentado una de ellas. La otra ha manifestado que se encuentra muy nerviosa y que tiene un ataque de ansiedad.

Pascual fue el primer empresario implicado en la trama de corrupción en la Policía Local de Palma. A principios de 2015, dos años antes que Bartolomé Cursach, en la misma operación en la que se arrestó por primera vez a agentes de la Policía Local de Palma, la Policía Nacional detuvo a Pascual por pagar a policías a cambio de protección para sus locales con servicios de todo tipo. En paralelo se le investigaba por prostitución: varios testigos protegidas declararon que se les obligaba a ejercer la prostitución.

Según la Fiscalía, algunas de las mujeres que estaban en los locales eran explotadas en los locales y estaban en situación irregular. Sobre tres de ellas, señala que el acusado, «aprovechándose de que era su jefe y de su precaria situación» las obligó a mantener relaciones sexuales con él. Una de ellas era menor de edad cuando ocurrió el primer encuentro. Según la acusación les amenazaba con despedirlas si no accedían.

En la trama de la Policía Local, hay abierta una gran pieza separada en torno a las actividades de Pascual. Es en esta en la que están incluidos el exdelegado del Gobierno, José María Rodríguez, el exconcejal Álvaro Gijón y antiguos mandos policiales, en parte como consecuencia de la declaración de ‘la Madame'. Esa parte de la causa, a pesar de que Pascual lleva imputado más de cuatro años, aún está más retrasada y no se ha dado por finalizada su instrucción. El empresario quedó entonces en libertad bajo fianza de 125.000 euros.