El portavoz de VOX en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros y la secretaria general de VOX Macarena Olona, durante la rueda de prensa de la mañana de este martes en la cámara baja. | JJ Guillén

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Vox va a solicitar el indulto para el joven que fue condenado a dos años de cárcel por matar, tras un forcejeo, a un ladrón que le había robado el bolso a una mujer en 2015 en Fuengirola (Málaga), y cuyo ingreso en prisión fue solicitado el pasado 7 de julio tras hacerse firme la sentencia.

Además, el partido ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos llamado crowdfunding para contribuir a saldar la deuda de 180.000 euros que le ha sido impuesta al joven en concepto de responsabilidad civil.

Tal y como ha explicado en rueda de prensa el portavoz parlamentario de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, su intención es defender la actuación de este joven que, a su juicio, «ha tenido un comportamiento ejemplar» e incluso «heroico». De hecho, también quieren que la presidenta del Congreso pida para él la concesión de la medalla al Mérito Civil.

Tal y como explica el partido de Santiago Abascal, los hechos ocurrieron en febrero de 2015 cuando Borja, que regresaba a casa tras una noche de trabajo, fue testigo de un atraco. María Jesús, una limpiadora del Hotel Las Palmeras de Fuengirola (Málaga), era asaltada por un hombre y una mujer le quitaron el bolso y la dejaron tirada en el suelo.

Según la sentencia, el acusado le propinó dos puñetazos al delincuente y le provocó una caída al suelo y un traumatismo craneoencefálico con hemorragia cerebral que le causó la muerte dos días más tarde. Poco después el ladrón murió, sin que haya sido posible determinar si la causa de la muerte fue el golpe contra el suelo o el puñetazo de Borja.

Tras haber verificado los hechos, Vox considera que la acción de Borja no merece una pena de cárcel y, por eso ahora reclaman a Justicia, a través de un escrito, su indulto.

Pero además, Espinosa de los Monteros ha anunciado que su formación «va a proponer y promover un cambio de legislación para que se pueda reformar el Código Penal, en el sentido de que la legítima defensa incluya también la defensa de terceros y, muy especialmente, la defensa de terceros en situación de vulnerabilidad», como «niños o mujeres».