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Casi seis horas de interrogatorio para el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán y solo respondieron a los dos fiscales Anticorrupción enviados desde Madrid, Tomás Herranz y Concepción Sabadell. El primero tuvo varios encontronazos con su compañero de carrera y las preguntas de la segunda llevaron a que el magistrado reconociera que en la instrucción del ‘caso Cursach' se convirtió a investigados en testigos a cambio de su confesión.

Los dos fiscales no se limitaron en sus interrogatorios a los hechos y delitos que recogió la anterior instructora del caso en el escrito en el que enviaba la causa al Tribunal Superior. Preguntaron por episodios como las denuncias de la madame o la detención de la familia de Álvaro Gijón. Penalva y Subirán negaron cualquier delito en la línea de los escritos que han presentado en la causa: no revelaron ningún dato a un periodista , éste no era el único que informaba sobre el ‘caso Cursach' y que los ingresos en prisión del ‘caso IME' se produjeron ante el riesgo de destrucción de pruebas y por el poco tiempo que tenían para la instrucción. Sin embargo, a la hora de explicar cada uno de los mensajes del grupo de Whatsapp se encontraron con más problemas.

Distancia con la policía

Penalva y Subirán intentaron también separar su función como juez y fiscal de las actuaciones de los agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. De nuevo chocaron ahí en algún momento con los fiscales. Por ejemplo, Herranz reconvino a Subirán: «Yo también soy fiscal y eso que usted dice no es así». Otro encontronazo se produjo a cuenta del arresto de la familia de Gijón y de mensajes como: «Que el principito venga caliente».

El fiscal preguntó a Subirán y éste respondió con una evasiva : «Eso dice el mensaje, pero luego del dicho al hecho». Herranz insistió en que se produjo la detención tal y como estaba en los mensajes y zanjó: «Pues no había tanto trecho». En otro momento del interrogatorio, el fiscal cortó una respuesta poco precisa del investigado: «Esto es muy sencillo. Hay cuatro posibles respuestas, o sí, o no, o no me acuerdo o no lo sé». Los dos investigados reconocieron que los mensajes eran reales y respondieron sobre algunos de ellos, algo significativo porque limita que puedan pedir su nulidad. Eso sí, insistieron en que no siempre mostraban la realidad.

Sobre el cambio de condición de investigado a testigo por parte de quienes confesaban, Penalva señaló que consideraba que se trataba de personas que habían sido extorsionadas y que, aunque hubieran pagado un soborno, en su opinión, tenían la condición de víctimas. En algún momento, los dos investigados reiteraron su tesis de que todo el caso es un complot en su contra, y mencionaron a mandos policiales y al fiscal Juan Carrau. También hubo críticas para la juez instructora: «Su exposición razonada tiene menos páginas que el auto de ingreso en prisión del ‘caso IME'». Esas alusiones fueron cortadas por el magistrado del TSJB que instruye el caso, Carlos Gómez: «No voy a consentir que se entre en la labor de personas que no están presentes».

El instructor también intentó acotar en un primer momento las preguntas a los delitos de revelación de secretos, deslealtad profesional, prevaricación y detención ilega l por los que se admitió que el TSJB era competente. Sin embargo, el campo se abrió a raíz de preguntas de la Fiscalía y de algunas respuestas de los propios investigados.

El interrogatorio se cerró con una vista de medidas cautelares solicitada por JAVA, la asociación que reúne a policías locales. Su petición de prisión preventiva no fue secundada por el resto de acusaciones y, aunque no fue resuelta ayer por el instructor, lo más probable es que sea desestimada.

Silencio ante la llegada del juez y del fiscal y vítores al abogado Campaner

La llegada de Penalva y Subirán al TSJB fue tranquila. Alrededor de una treintena de personas, entre ellos policías locales y otros investigados en la causa principal del ‘caso Cursach' y otras derivadas se concentaron a la puerta del tribunal ayer por la mañana. El dispositivo de la Policía Nacional les colocó en la isleta situada enfrente al edificio, de forma que no se cruzaron con el juez y el fiscal imputados. Cuando estos llegaron hubo silencio.

Este se rompió al paso del abogado Vicente Campaner, que representa a la asociación JAVA que agrupa a varios de los que estaban concentrados y que fue recibido con aplausos. Apenas estuvieron una hora más en la puerta. Cuando Penalva y Subirán dejaron el edificio poco después de las tres de la tarde sólo quedaban cámaras y una curiosa con una bolsa de Zara que también hacía fotos.

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