Según han informado fuentes jurídicas, los dos agentes a los que este jueves había citado la juez de la Audiencia Nacional María Tardón junto a sus mujeres, también investigadas por estos hechos, se han acogido a su derecho a no declarar y han asegurado que colaborarán con la investigación una vez se levante el secreto.
De los cuatro investigados llamados este jueves a declarar, solo la esposa de Damjanac no ha acudido ante la jueza alegando motivos de salud, según las fuentes, por lo que deberán citarla otro día.
Según la investigación, en esta trama estaría presuntamente implicada la agencia Primus Consultance -anteriormente Lian Sports- en la que son socios el albanés Ramadani y el exportero serbio Damjanac, que se sospecha habrían introducido en España más de diez millones de euros para adquirir viviendas, yates y mantener un elevado nivel de vida.
Esta causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, arrancó en 2017 después de que la Guardia Civil detectara que Ramadani y Damjanac habían adquirido lujosas viviendas en Calvià.
Fali Ramadani representa a jugadores como Miralem Pjanic, Luka Jovic o Kalidou Koulibaly. Jovic, del Real Madrid, o Stefan Savic y Nicola Kalinic, del Atlético, son algunos de los jugadores con los que se habrían hecho fichajes falsos, sin que los futbolistas lo supiesen.
Los investigadores han constatado que los dos agentes presuntamente captaban a jugadores que despuntaban en equipos de países del Este como Serbia o Rumanía y cuando veían que un club europeo de primera se fijaba en ellos simulaban que era fichado por uno de los clubes que controlaban, como el Apollon Limasol de Chipre.
Así lo vendían más caro al club de primera y además conseguían beneficios fiscales ya que en Chipre la tributación por este tipo de operaciones es mínima.
Los jugadores no llegaban a vestir la camiseta del club chipriota y solo figuraban en él el tiempo mínimo para asegurar la venta al equipo grande.
Los dos principales investigados habrían introducido en España más de 10 millones de euros para mantener un elevado nivel de vida, y en esa operativa para introducir el dinero jugaba un papel fundamental un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países.
Los trabajadores de este despacho habrían participado en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero, así como en la estrategia de deslocalización fiscal para evitar el pago de impuestos en España.
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