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El presidente del Consejo de Administración de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) , Alonso Ancira , quien fue detenido en Palma en mayo de 2019 , ha señalado este martes ante la Audiencia Nacional que se opone a ser extraditado porque considera que México «es un país que no tiene leyes», y su defensa ha argumentado motivaciones políticas detrás de la orden de captura y extradición de su patrocinado.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha celebrado la vista de extradición que pesa sobre él desde que fuera detenido en Palma. México le reclama en relación a un presunto delito de blanqueo de capitales sobre la base de una serie de transferencias que habría realizado a una sociedad vinculada con el ex director general de la petrolera estatal mexicana Pemex Emilio Lozoya --quien permanece en prisión a la espera de que se resuelva también su extradición--.

Según ha señalado en la vista la letrada del Gobierno de México, Ancira presuntamente habría realizado acciones «para que ese pago de apariencia ilícita pudiera entrar de nuevo en la economía», a lo que ha añadido que fraccionó pagos a una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas vinculada a Lozoya a través de su hermana, y que «se acabó transformando en una bonita vivienda en México».

Ancira ha respondido a preguntas de Fiscalía que las acusaciones que pesan sobre él «casi llevan a la bancarrota» a su empresa dado que debido a que se le imputan delitos de lavado de dinero les han cerrado líneas de crédito y hay riesgo de que se produzca la pérdida de miles de empleos. Sobre el hecho de que haya mantenido empresas en el país al que acusa ahora de no tener leyes, Ancira ha apuntado que le ha ocurrido «como con el Coronavirus, que hasta que no le pega, usted no le reclama --no le presta atención--». Tras responder al Ministerio Fiscal, Ancira ha incidido a preguntas de su defensa que no quiere ser extraditado porque es «un daño colateral» de la batalla del actual presidente del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, «contra la administración anterior» de Enrique Peña Nieto. «El señor --presidente-- es un mitómano del tamaño de Hitler, no está cuerdo», ha llegado a afirmar.

Según el relato que ha hecho ante su defensa, Ancira llegó a Palma de Mallorca el 26 de mayo procedente de Nueva York, donde asistió a la graduación de una familiar. Dos días después fue detenido por la Interpol en España cuando se disponía a volver a México vía EEUU, y ha argumentado que la situación que se produjo fue «pueril» porque le acusaron de blanqueo cuando «no había ningún ilícito».

«PEMEX VA CAMINO DE PARECERSE A PDVSA»

En el turno de alegaciones, el fiscal Carlos Bautista ha avisado de que, a tenor de los acontecimientos, la petrolera pública mexicana Pemex «va camino de parecerse a PDVSA» (la petrolera de Venezuela), y ha defendido que se extradite a Ancira más allá de si los delitos por los que se le requieren han prescrito o no.

Esto lo señalaba después de escuchar la declaración de una perito experta en derecho mexicano quien, presentada por la defensa, ha apuntado que los delitos que se le imputan a Ancira habrían prescrito de acuerdo al artículo 107 del Código Penal de ese país. «No discrepo de lo mantenido por la doctora, pero basta que haya una opinión discrepante para que pongamos en cuestión que su opinión sea la única válida en derecho mexicano.

La calidad de las opiniones no se evalúan por la cantidad de personas que lo defienden», ha explicado el fiscal.

En cuanto a la posibilidad de que se trate de una persecución política por la animadversión del actual presidente mexicano hacia personas cercanas al anterior gobierno, el fiscal ha señalado que pudiera ser también que el abandono del poder de Enrique Peña Nieto en 2018 haya actuado como «botella de cava» que al abrirse posibilita que afloren y se conozcan delitos que el elemento político impedía. Y ha añadido a esto que la argumentación sobre la politización del proceso de extradición «se debe demostrar con hechos y no con palabras».

Los letrados del Gobierno mexicano se han adherido a la petición de extradición del empresario del acero y han apuntado que hay indicios «muy sólidos» que demuestran que Ancira fraccionó el pago de 3,4 millones de euros en diversas transferencias bancarias. «Por eso México solicita que se someta al procedimiento. Par que los tribunales decidan si hay o no blanqueo», han añadido.

«UN COMPROMISO PARA EL REINO DE ESPAÑA»

Por su parte, la defensa ha apuntado en sus alegaciones que se ha dado un caso de abuso al emitir la orden de detención en 2019 cuando Ancira estaba en Palma pasando unos días de descanso, y han añadido que se decidió hacer así prefiriendo «poner en un compromiso al Reino de España».

En este sentido, se preguntan cómo hechos cometidos presuntamente en 2012 se empizan a perseguir en 2019 sin dar una razón plausible para ese retraso. «Tamaña aberración jurídica de perseguir delitos siete años después y no nombrar el 107 no ha ocurrido nunca», han incidido haciendo hincapié así de nuevo en las prescripción de los hechos.

Ahondando en las transferencias, la defensa ha señalado que sirvieron para pagar los trabajos realizados por Lozoya a la empresa Altos Hornos de México y lo ha desligado completamente del hecho de que mas tarde, ya en 2014, siendo ya Lozoya director de Pemex interviniera en la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados a AHMSA.

Por otro lado, han argumentado que solicitan la denegación de la extradición porque hay una «finalidad desviada» y no hay causa jurídica que sustente esa comisión de un delito. «La petición de extradición es por un delito común, pero se encubre una persecución autentica indirecta contra Ancira, por lo que se viola el núcleo duro de los derechos fundamentales», han añadido.

Ancira pagó en julio de 2019 la fianza de un millón de euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para poder salir de prisión con medidas cautelares mientras se tramitaba la petición de extradición emitida desde su país.

Permanecía en prisión desde finales de mayo después de que fuera detenido en el aeropuerto de Palma por la orden de detención de México. Después de que se opusiera a ser extraditado, tras prestar declaración ante Pedraz por videoconferencia, fue enviado a prisión en tanto se realizaban los trámites con México.

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