Arranca en Palma un macrojuicio con 29 acusados de una supuesta red de narcotráfico

A los acusados se les imputan varios delitos contra la salud pública, un delito de blanqueo de capitales y otro de integración en grupo criminal. Además, a dos de los acusados se les atribuye también un delito de tenencia ilícita de armas por varias armas de fuego, para las que carecían de licencia, que fueron intervenidas durante los registros.

La Fiscalía pide para todo el grupo penas que suman 265 años y medio de cárcel y multas que alcanzan un montante de casi 8,5 millones de euros -a uno de los acusados se le exige una multa de 1,2 millones-. Cabe señalar que ocho de los acusados tienen condenas anteriores por narcotráfico.

Según el fiscal, la agrupación tenía una gran estabilidad personal y logística» y habría actuado al menos desde septiembre de 2017 hasta noviembre de 2018, año en el que fue desmantelada por una operación policial.

Siguiendo con la versión del Ministerio Público, la banda se dividía en dos ramas: una asentada en la Península -fundamentalmente en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valladolid- y otra en Mallorca.

Presuntamente, la rama de la Península se encargaba de traer a España grandes cantidades de droga procedentes de Sudamérica. Esta droga se distribuía en Madrid y Barcelona a menor escala y también se hacía llegar a Mallorca mediante coches con doble fondo o compartimentos ocultos.

La Fiscalía detalla en su escrito la estructura del grupo y las funciones que asumían cada uno de los acusados. Señala en su escrito a J.R.S. como supuesto cabecilla de la rama mallorquina, e identifica a otras dos personas como sus hombres de confianza. En escalas inferiores se situaban personas con tareas «meramente auxiliares», como los viajes a la Península para transportar la sustancia, los encargados del almacenamiento y los vendedores que entregaban la droga a los consumidores, cobrando una comisión de la banda.

En cuanto a la rama de la Península, estaría a su vez dividida en dos sectores que colaboraban entre sí, uno dirigido desde Sevilla y otro desde Barcelona, con una persona encargada de la coordinación entre ambos. Presuntamente, la droga se traía desde Sudamérica mediante 'mulas' u ocultas en contenedores comerciales en buques de carga.

Cocaína en ropa

El fiscal menciona diferentes episodios concretos de movimientos de droga vinculados a la organización, entre ellos, uno que tuvo lugar en marzo de 2018 en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Según relata el Ministerio Público, dos de los acusados habían previsto introducir cocaína desde Colombia utilizando dos mujeres como 'mulas', para que viajasen desde Bogotá llevando en su equipaje prendas impregnadas con cocaína pura.
Sin embargo, fueron detectadas y detenidas por los funcionarios policiales en la propia terminal del aeropuerto. La sustancia intervenida se valoró en más de 165.000 euros y las dos mujeres fueron posteriormente condenadas a siete años de prisión.

Sociedad pantalla

El fiscal también detalla episodios relacionados con una 'sociedad pantalla' en Perú, que supuestamente se dedicaba al transporte de mercancías del sector primario -como madera, pescado o marisco-, pero sin actividad real. Según el fiscal, era una tapadera para el transporte de droga.

En una de sus operaciones planearon introducir la droga a través de un puerto holandés, para lo que uno de los presuntos miembros de la organización se desplazó a Países Bajos para entrevistarse con personal de confianza. La operación fue frustrada cuando se intervino un alijo que iba a ser embarcado en un contenedor desde Perú, en el marco de la 'Operación Empresarios'.

Presuntamente, el grupo intentó llevar a cabo la importación de droga con hasta 15 contenedores con cocaína oculta. La Fiscalía relata que realizaron una prueba enviando un contenedor sin droga para comprobar que no hubiera fallos de diseño en la operación y que el contenedor no llamaba la atención de las autoridades. En 2019 la policía colombiana detectó un envío de la empresa con destino a Bélgica, con 150 kilos de cocaína.