Seis de los siete acusados de formar parte una trama que durante años se dedicó a alquilar apartamentos que pertenecían a fallecidos o a empresas en el complejo Pullman de Cala Major han aceptado penas que suman 12 años y 7 meses de prisión y multas por 7.560 euros.
La Fiscalía reclamaba inicialmente penas que sumaban 48 años de prisión para el grupo por varios delitos de estafa, estafa procesal, falsedad documental en documento mercantil, falso testimonio, desobediencia y coacciones agravadas.
El presidente de la comunidad, principal cabecilla de la trama, ha reconocido los hechos este lunes ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma, y se ha conformado con 6 años y 1 mes de prisión, mientras que la acusación pública solicitaba inicialmente 16 años de cárcel para él.
El hombre ha reconocido que tuvo acceso a documentación relativa a los propietarios y de los distintos apartamentos del edificio, por lo que sabía cuales se encontraban vacíos. Junto a su mujer, su hijo y los otros procesados, alquiló al menos cinco pisos a terceras personas y se hizo pasar por el propietario de los mismos.
Según el escrito de la Fiscalía, una de las inquilinas pagó al presidente de la comunidad más de 10.000 euros de renta durante años, pero en 2017, el propietario real del apartamento arrendó la vivienda a la misma mujer.
El grupo criminal empezó a coaccionarla cortándole la luz y el agua, y la amenazaron hasta que se mudó. Ocurrió algo similar en otro de los apartamentos de este complejo ubicado en Cala Major.
Además, el grupo criminal presentó varias demandas a través de un abogado, supuestamente compinchado en la trama, con el fin de reclamar dinero por unas obras que nunca se realizaron a los dueños de los pisos que el presidente del inmueble alquilaba a terceros, ya que tenía potestad para ello.
Tal como recoge el escrito de acusación, el grupo intentó hacerse con cinco apartamentos mediante procedimientos judiciales sin base alguna, y también se construyó una serie de apartamentos ilegales en el sótano del complejo.
El abogado, supuestamente compinchado en los delitos de estafa y falsedad documental, se ha sentado en el banquillo de los acusados y se ha desvinculado de la trama. La fiscal pide para él 7 años y medio de prisión.
«Hasta 2018, estaba convencido de que el presidente de la comunidad era el estafado», ha asegurado el hombre durante el interrogatorio.
3 comentarios
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Menudo jeta el expresidente de la comunidad. Tenia un chollo montado y se lucraba de ello en los edificios que supuestamente debia administrar. Pedazo de mafioso estafador y sinvergüenza.
Esto acabará en nada, un pacto entre todos y a casita