José Luis Moreno elude la prisión tras presentar un aval hipotecario de 3 millones de euros

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Moreno ha entregado la documentación de la fianza hipotecaria poco antes de que se agotara el tiempo para hacerlo: las 15.00 horas de este 8 de julio. Ahora, ya sin plazos perentorios, la Audiencia Nacional designará peritos para que tasen las propiedades presentadas como aval a fin de verificar que cubren el importe exigido.

Las mismas fuentes han indicado que la fianza hipotecaria implica, conforme establece el artículo 593 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que Moreno debe respaldar mediante hipoteca el doble de la cantidad que se le había señalado inicialmente, de modo que en lugar de avalar 3 millones tendrán que ser 6 millones.

En un principio, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 le solicitó una fianza de 3 millones mediante aval bancario o en metálico para seguir libre, si bien el ventrílocuo recurrió. En una resolución que se ha conocido este mismo jueves, el juez ha estimado parcialmente la petición de Moreno, permitiéndole la fianza hipotecaria.

QUERÍA LIBERTAD PROVISIONAL O FIANZA DE 300.000 EUROS

El empresario reclamaba la suspensión de esta medida cautelar y su libertad o, de forma alternativa, rebajar la fianza a 300.000 euros para evitar la prisión provisional.

El fiscal se ha adherido parcialmente al recurso de Moreno, aunque defendiendo que la medida cautelar «está plenamente justificada» por la gravedad del delito imputado y la pena aparejada, así como por el riesgo de fuga, que «late con todo su vigor».

El Ministerio Fiscal entiende que la pena a la que podría ser condenado Moreno supone «un aliciente lo suficientemente vehemente» para que huya y que «las capacidades económicas» de las que «ha hecho alarde», y que él mismo estima en 23 millones de euros, facilitarían su eventual huida. Por eso, cree que los 3 millones de fianza están justificados.

Sin embargo, al mismo tiempo ha respaldado a la otrora estrella televisiva en su petición al juez de que la fianza pueda depositarse mediante aval hipotecario, no solo con aval bancario o en metálico.

LEVE MODIFICACIÓN

El magistrado ha coincidido con el fiscal en que en este momento procesal, cuando arranca la investigación judicial, deben ponderarse junto a la gravedad del delito y la pena «otros datos relativos a las características personales del inculpado», entre los que ha mencionado «el arraigo familiar, profesional y social, las conexiones en otros países y los medios económicos de los que dispone».

Ismael Moreno ha reivindicado que «la cuantía se estimó conforme a las condiciones económicas y posibilidades del investigado, y con la finalidad de que pudiera ser efectivamente constituida», valorando entonces como adecuada la limitación de que se hiciera con aval bancaria o en metálico.

Dado que la ley prevé que «la fianza podrá ser modificada en lo que resulte necesario para asegurar las consecuencias del juicio», el instructor ha aceptado el recurso solo en parte para admitir que se preste fianza hipotecaria.

CASI 50 INVESTIGADOS

Moreno y Aguilera --acusados de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica-- fueron detenidos la semana pasada en una macrooperación que terminó con 47 detenidos y registros en viviendas y empresas, todo como parte de esta causa, que sigue secreta.

Algunos de los investigados ya se han presentado ante el juez, mientras que otros siguen pendientes. La ronda de comparecencias continuará el viernes. Fuentes fiscales han avanzado que la intención del Ministerio Público es proponer que los que no cumplan las medidas cautelares pasen a prisión provisional.

La investigación comenzó en el año 2018 a raíz de varias denuncias de bancos en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria la trama había conseguido defraudar más de un 1,3 millones de euros.

El instructor apuntó, en la resolución donde ordenó dichos registros, a la existencia de «una organización criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades, desde el fraude y la estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la fabricación de efectos bancarios como cheques y pagarés».

«Ligada directamente» a esta organización criminal habría otra supuestamente liderada por Carlos José Brambilla y dedicada al tráfico internacional de drogas. Esta segunda usaría a la primera para blanquear el dinero obtenido del 'narco' a través de un intermediario que el magistrado identificó como Gerardo Mauricio García Quintero.

Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Antonio José Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».

Para el juez, «queda más que demostrado el enriquecimiento personal del productor, a la vista de las numerosas transferencias que se envían a sus cuentas personales». Su operativa estaría enfocada a inversores privados y a repatriar el dinero desde el extranjero por transferencia bancaria utilizando para ello empresas interpuestas con sede en Madrid y Marbella, movimientos que después justificaría con «facturas falsas de alquileres, gastos y prestación de servicios».

UN MILLÓN CADA DOS SEMANAS

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aquilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.

El juez calculó que movían cerca de un millón de euros cada 15 o 20 días. En este sentido, destacó que, solo en una de estas maniobras, Moreno habría logrado captar 31 millones de euros con el pretexto de un proyecto cinematográfico.

Al instructor le llamó la atención que para conseguir sus fines recurrían a «cualquier operativa bancaria que les pudiera proporcionar beneficios económicos». Así, resalta que actualmente se estarían aprovechando de los créditos ICO que se están concediendo por la pandemia de coronavirus, «dado que dicen que son más fáciles de conseguir y que las entidades bancarias están deseando concederlos».

Toda esta dinámica fraudulenta, expuso Ismael Moreno, no habría sido posible sin la ayuda de terceras personas, entre las que menciona a abogados, gestores, empleados de banca y «personas de su especial confianza». Los investigadores de la 'Operación Titella' creen que la organización contaba con más de 700 mercantiles.