Esta resolución de la Sala de Gobierno del TSJCV se hace pública tras conocerse que el padre que mató a su hijo de 11 años el pasado domingo en Sueca tenía la custodia compartida del menor aun estando condenado por maltratar a su madre. Diversos especialistas en el ámbito de la violencia machista han advertido de que el juez que tramitó el divorcio de la pareja debería haberse inhibido en favor del que juzgó al padre por malos tratos pero, como ha informado el TSJCV, ninguna de las partes le informó, es decir, que probablemente desconocía de la existencia de esa segunda causa por malos tratos.
Además, tampoco existe alarma o notificación alguna, ni siquiera protocolo que obligue al juez a comprobar que una de las partes en proceso de divorcio ha sido víctima de violencia machista. Por ello, la Conselleria de Justicia ha convocado para este miércoles por la tarde a responsables de los diversos operadores jurídicos que actúan en la Comunitat Valenciana a una reunión en la Ciudad de la Justicia de Valencia para analizar posibles disfunciones en el caso. Además, en el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJCV se incluye la próxima convocatoria extraordinaria, para el próximo viernes, de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género de la Audiencia de Valencia, el órgano de coordinación constituido por mandato del Consejo General del Poder Judicial en las diferentes provincias para la mejora y coordinación en la lucha contra la violencia de género.
«Hablar de fallos o de errores del sistema es una simplificación que hace mucho daño. Es cierto que el sistema no es infalible. Pero los jueces de esta Comunidad, los fiscales, los policías, los guardias civiles, los psicólogos, los forenses... todos salvan miles de vidas de mujeres y niños», apunta el TSJCV. «Ése es el mensaje que debemos trasladar a la sociedad. Lo contrario erosionará la confianza de las víctimas en el sistema. Y eso no se lo puede permitir la Justicia, pero sobre todo, no se lo puede permitir ninguna víctima», recoge el citado acuerdo. Los miembros de la Sala de Gobierno del alto tribunal valenciano muestran «el total apoyo y confianza a los jueces y demás actores que intervienen en la Administración de Justicia en aquellos asuntos relacionados con la violencia ejercida sobre la mujer, sobre sus hijos o demás miembros de la familia».
En este sentido, admiten que es su «deber» trabajar de manera «incansable» para adecuar legislación y protocolos a las realidades sociales «sin perder nunca de vista el sufrimiento de las víctimas, priorizando la coordinación y el trabajo conjunto en el seno de las Comisiones Provinciales de Coordinación contra la Violencia de Género constituidas por el Consejo General del Poder judicial y presididas por los presidentes de las Audiencias Provinciales«. »La crítica ha de servir para no cejar en el propósito de perfeccionar el sistema de protección sin olvidar que el riesgo cero no existe. Sin embargo, si trasladamos la idea de falta de coordinación institucional se acentuará la sensación de desamparo por parte de las víctimas de esta terrible lacra que merecen una respuesta sólida y efectiva del Estado«. Por ello, consideran que »procede reiterar el apoyo, la confianza y el respeto a los jueces especializados en violencia machista a los juzgados mixtos y, en definitiva, a cualquier órgano judicial que vea un asunto de este tipo».
1 comentario
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Pues precisamente en este caso y según cuentan "las noticias", parece ser que el fallo se debió a un error de comunicación entre dos jueces o dos juzgados. No deberia ser tan facil quitarse las culpas de encima. Quizás algo de culpa pueda recaer sobre alguno de ellos.