Dos acusaciones particulares retiran los cargos contra el empresario. | Víctor Malagón

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El 'caso Cursach' se queda en cinco acusados. Dos de las tres acusaciones particulares representadas han anunciado un drástico recorte en sus pretensiones que sigue a la retirada total de la Fiscalía ante el fiasco de la prueba de cargo en el juicio. Ambas dejan fuera ahora mismo a Bartolomé Cursach, que solo queda en el juicio por la persistencia de la acusación de un empresario de Magaluf. Además del empresario permanecen en el juicio Bartolomé Sbert, un funcionario del Ajuntament de Calvià, Jaime Nadal y dos policías locales, José Mayans y Gabriel Mayol.

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El juicio arrancó en junio con 24 acusados que quedaron reducidos a 17 al inicio de las sesiones. Ahora mismo nadie ejerce acusación contra Joan Miquel Mut, Bartolomé Capó, Gabriel Torres, Feliciano Franco, Rafael Amengual, Carlos Vallecillo, Carlos Tomás, Nicanor Góngora, Felipe Florit, Rafael Estarellas, Tomás Mas y Daniel Montesinos. Todos ellos serán absueltos después de soportar prolongadas prisiones preventivas y peticiones de hasta ocho años de cárcel. La acusación particular articulada en torno al empresario Ángel Ávila y ejercida por el abogado Álvaro Martín Olmos, anunció una retirada casi total. De los tres empresarios que representaba solo uno, Ávila, mantiene una acusación contra Bartolomé Sbert. La otra acusación que ha modificado, la ejercida por el bar sa Trobada, solo apunta ahora a dos agentes de la Patrulla Verde.

El tribunal ahora intenta reordenar la prueba que queda pendiente para ahorrar fechas de juicio. En la sesión de este lunes han comparecido un inspector y un comisario de la Policía Nacional. Ambos fueron los encargados de investigar la actuación del juez Penalva y el fiscal Subirán tras la aparición de los chats en los que intervenían junto a agentes del Grupo de Blanqueo. Han reiterado la existencia de malas prácticas habituales como coacciones a testigos, amenazas o uso de la prisión preventiva para 'ablandar' a investigados. Sus declaraciones han dejado en especial mal lugar a los empresarios que ejercen la acusación particular que, según han manifestado, buscaban ventajas en conflictos personales con los acusados.