Imagen del lugar donde sucedieron los hechos. | Redacción Sucesos

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Tolerancia cero. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), a través de su gabinete jurídico, ejercerá de acusación particular contra el conocido clan gitano acusado de agredir a la familia de un policía local de Inca e intentar acabar con la vida de la mujer de éste.

En este caso, la Policía Nacional muestra su total solidaridad y apoyo a los compañeros de la Policía Local de Inca y de la Guardia Civil en defensa de los derechos de los agentes del orden. En esta ocasión, solicitarán penas muy elevadas de prisión e incluso se está planteando la posibilidad de pedir el destierro de la Isla de los implicados en este intento de linchamiento. En su escrito, el SUP explica que: «Según consta en las actuaciones policiales, el agente de la Policía Local de Inca denunció a estas personas que se encontraban destrozando varios retrovisores de los vehículos estacionados, entre los que se encontraba el suyo. Tras estos hechos, unas 15 personas se dirigieron al domicilio particular del agente, amenazando de forma grave a sus hijas y esposa, llegando a intentar atacar a la mujer del policía con un arma blanca», apuntan desde el sindicato.

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«Gracias a la intervención de un compañero de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio, no lograron su objetivo quien redujo al atacante, momento en el que una vecina de la zona abrió las puertas de su domicilio para que la mujer y las niñas se pudieran refugiar. El principio de autoridad en este país se está perdiendo, llevamos años defendiendo a policías que han sido brutalmente agredidos. Los éxitos jurídicos avalan nuestro trabajo, pero lo que nos faltaba por ver, y no vamos a permitir bajo ningún concepto, es que nuestros familiares se vean afectados, amenazados y coaccionados por nuestro trabajo. No lo vamos a consentir y pondremos todos los recursos necesarios para defender a los nuestros», concluyen.

En las próximas horas, el abogado Eduardo Luna de Equare Abogados, se personará en la causa con la intención de exigir la mayor condena penal y civil para los implicados.

Por otra parte, el mismo domingo, la presidenta del Govern, Margalida Prohens, contactó telefónicamente con el agente y sus familiares para transmitirles el apoyo incondicional del Ejecutivo balear. Del mismo modo, también animó a la Policía y Guardia Civil a que sigan trabajando en pro de los ciudadanos.