La Fiscalía mantiene que el empresario Miguel Pascual sobornó a policía locales de Palma

La única cesión de la Fiscalía Anticorrupción es reconocer un atenuante por el retraso en el procedimiento, iniciado en 2014, que supone una leve rebaja. Así, solicita para cada uno de los acusados una condena de cuatro años de cárcel por cohecho y prevaricación. Las conclusiones definitivas incluyen además una serie de peticiones alternativas que supondrían condenas menores; de tres años o de nueve meses, pero siempre por distintos tipos penales de cohecho. En su informe, el fiscal, Juan Carrau, considera demostrado que existía un «trato de favor» de los agentes a Pascual que se concretaba en avisos de inspecciones y en suplir los servicios de seguridad del local Bierköning, uno de los principales locales de Platja de Palma dedicado al turismo alemán casi en exclusiva.

La sesión de hoy del juicio vivió una protesta en masa de todas las defensas. La Audiencia Provincial accedió a la petición del fiscal de introducir una serie de declaraciones realizadas durante la instrucción por testigos que no han comparecido en el juicio. Buena parte de ellas corresponden a un episodio en el que las defensas dieron plantón a la jueza durante la instrucción cuando pretendió preconstituir como prueba la declaración de varias prostitutas que trabajaban para Pascual. Una década después, la Audiencia considera que sí puede valorar esos interrogatorios aunque parte de la causa estuviera en aquel momento bajo secreto de sumario.

El abogado de Pascual, Eduardo Valdivia incidió en ese asunto en su informe: «No declaraban testigos, declaraba el señor Subirán», en alusión al entonces fiscal del caso, condenado a nueve años de prisión por el TSJIB. La defensa, que reclama la absolución considera «inverosímiles» las acusaciones: «No hay un solo dato concreto, específico para fundamentar una condena. Aquí se acusa de todo». El juicio concluirá el próximo lunes con la intervención del resto de defensas.