La Audiencia absuelve a los nueve policías acusados por corrupción en Platja de Palma

La Fiscalía reclamaba para cada uno de los acusados una condena de cuatro años de cárcel por cohecho. La sentencia de la Audiencia insiste en varias ocasiones: «La acusación es tan general que ha quedado huérfana de prueba» o «nos encontramos con generalidades en el escrito de acusación que no han encontrado reflejo en el juicio».

La acusación sostenía que el empresario invitaba a consumiciones de alcohol o de servicios sexuales a los agentes a cambio de un trato de favor a locales como el Bierköning o un table dance de s'Arenal. La Audiencia descarta que se produjeran o que haya evidencia alguna de ellas. Ocurre con la presencia de agentes en la puerta de los establecimientos, los supuestos preavisos o la presencia del teléfono de un responsable del local en el móvil de un grupo policial. «No ha quedado acreditado ni una cosa ni la otra». Tampoco aprecia ningún tipo de indicio de que los agentes recibieran dádivas. La sentencia es especialmente larga y detallista para ser una absolución. Repasa todo lo actuado en las tres semanas de juicio en 122 páginas y concluye que lo único cierto es la existencia de un mal clima y un enfrentamiento abierto entre facciones de policías locales. También apunta a una posible mala planificación en el cuerpo que llevaba a esas situaciones.

La sentencia rechaza que se tenga que seguir ningún procedimiento penal contra los testigos de este caso por haber mentido durante el juicio, algo solicitado por el Ministerio Público para dos de ellos. Esta era la última pieza que quedaba pendiente de todos los procedimientos por corrupción en el cuerpo iniciados en el Juzgado de Instrucción 12. Ningún policía local de Palma ha sido condenado en lo que eran el núcleo de las investigaciones: ni en el 'caso Cursach' ni en el 'caso Pascual' ni en el supuesto amaño de oposiciones. La única condena, que aún no es firme, es la que recibió el director general de Seguridad, Enrique Calvo por los exámenes. Una multa. Durante la instrucción, una veintena de personas estuvieron en prisión preventiva.

De la resaca de todos esos asuntos, el Supremo tiene pendiente por resolver los recursos contra la condena del TSJIB a nueve años de cárcel al juez Penalva y al fiscal Subirán, además de penas menores a cuatro agentes del Grupo de Blanqueo. Varios testigos protegidos de la causa están pendientes de ser juzgados por mentir y uno, el conocido como 'El Trilero' aceptó este lunes una condena de dos años y medio por detención ilegal y falso testimonio.